La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados prevé votar hoy el dictamen de reforma a la Constitución para acotar la deuda de estados y municipios, que creció 160 por ciento durante el sexenio de Felipe Calderón.

Para resolver la diferencia que surgió con los senadores, quienes pretendían decidir en materia de deuda pública, que es atribución de los diputados, las cámaras del Congreso acordaron constituir una comisión bicameral, la cual decidirá si un estado o municipio está en condiciones de contratar nuevos créditos.

La reforma prevé que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) contará con facultades adicionales para fiscalizar la deuda pública de las entidades, así como el destino y ejercicio de las garantías otorgadas por el gobierno federal en contratación de nuevos débitos.

Con los cambios planteados, se considera que el Estado tiene la obligación de cuidar la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero.

Además, se anticipa que los gobiernos de los estados deberán inscribir los créditos en un registro nacional de deuda pública, y se define que éstos no podrán ser utilizados para cubrir gasto corriente, sino destinarse a inversión o para refinanciar o restructurar las obligaciones crediticias.

Para evitar que de un sexenio a otro los gobernadores hereden deudas considerables a sus sucesores, la reforma incluirá la obligación de liquidar pasivos de corto plazo a más tardar tres meses antes de concluir sus mandatos, así como no contratar financiamiento público en el último trimestre de ejercicio.