El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, reiteró que las elecciones en Guerrero se realizarán, porque es un mandato constitucional no sujeto a negociación.

En tanto, consejeros electorales consideraron positivo que los padres de los normalistas de Ayotzinapa hayan matizado su postura al anunciar que llamarán a no votar, sin impedir la realización de las elecciones en Guerrero, y advirtieron que el Instituto Nacional Electoral (INE) sí llamará a sufragar.

El domingo 7 de junio habrá comicios para elegir diputados federales, y en 17 entidades habrá contiendas locales. En el caso de Guerrero, el calendario marca elección de gobernador, diputados y alcaldes. Tras los hechos de Ayotzinapa (ataque y desaparición de normalistas), grupos sociales advierten que no hay condiciones para realizar este proceso.

Ayer, en breve entrevista, el secretario de Gobernación descartó un mayor nivel de conflictividad o incendio social, luego de la declaración del procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, de que los normalistas desaparecidos fueron calcinados.

Tenemos que preservar el diálogo, pero también el estado de derecho. No está en discusión el tema; hay un mandato constitucional, hay que realizar elecciones, y esto la mayoría de los guerrerenses y de los mexicanos lo procuramos, dijo.

Por su parte, Javier Santiago, consejero del INE, señaló que los padres de los normalistas están en su derecho de no ir a votar para manifestar su desacuerdo con la situación que se presentó con sus hijos. Agregó que los inconformes pueden sufragar o no, lo que es muy distinto a boicotear las elecciones impidiendo el funcionamiento de las casillas.

El consejero Arturo Sánchez expresó que la nueva postura de los familiares de los normalistas respeta el trabajo de las instituciones. Añadió que es un paso adelante, porque se respetan los derechos de los ciudadanos y se hace un llamado particular.

El secretario general del Partido Acción Nacional, José Isabel Trejo Reyes, aseguró que la cancelación de las elecciones en Guerrero ubicaría a México como un Estado fallido, ante la imposibilidad de garantizar a los ciudadanos su legítimo derecho humano de votar y ser electos.