Treinta y cinco ex funcionarios del Proyecto Metro y del Sistema de Transporte Colectivo (STC) impugnaron ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal (TCADF) la inhabilitación o multa que les impuso la Contraloría General de esta ciudad el año pasado, por su presunta responsabilidad en las fallas de la línea 12 del Metro, que obligaron al cierre de 11 estaciones.

Así lo detalló la presidenta del TCADF, Yazmín Esquivel Mossa, quien resaltó que ya se están desahogando esos procesos, los cuales podrían resolverse en uno o dos años. Añadió que por lo pronto ya se notificó a la Contraloría para que envíe los elementos de prueba en contra de los ex servidores públicos.

Entrevistada en el contexto del foro Día naranja: violencia política contra las mujeres, organizado por el Tribunal Electoral del Distrito Federal, la impartidora de justicia administrativa detalló: En este momento tenemos aproximadamente 35 servidores públicos que presentaron juicio de nulidad en contra de la resolución de la Contraloría, por lo de la línea 12, ante este tribunal; todos esos procesos están en la etapa de instauración, de instrumentación, de admisión y desahogo de pruebas; los tienen asignados los 15 magistrados de salas ordinarias; luego pasarán al estado de resolución y posteriormente emitirán la sentencia de primera instancia.

–¿Qué plazo se tiene para resolver?

–La ley prevé plazos exactos para cada etapa, pero ya para resolver, para emitir la resolución, puede llevarse de uno a dos años.

En septiembre de 2014, la Contraloría informó que 35 ex funcionarios del Proyecto Metro y del STC habían sido inhabilitados o multados, al encontrárseles responsabilidad por las fallas en la llamada línea dorada; uno de ellos fue el director general del Proyecto Metro, Enrique Horcasitas, quien fue inhabilitado por 20 años.

Respecto del sentido que podrían tener los fallos del TCADF, Yazmín Esquivel resaltó que puede ser en cuatro sentidos: reconocer la validez de la resolución de la Contraloría, es decir, confirmala; la segunda, declarar la nulidad de esa resolución y ordenar a la autoridad que emita una nueva en la que subsane las irregularidades que pudieran haberse presentado; la tercera es nulidad lisa y llana, donde el funcionario queda sin ninguna responsabilidad, y la última es que pueda sobreseerse el asunto, es decir, que haya elementos de improcedencia del juicio.

–¿Mientras avanza y se resuelve el proceso los ex funcionarios sancionados pueden o no trabajar para el gobierno de la ciudad o en otra entidad?

–Si el funcionario solicitó la suspensión de los efectos de la resolución de la Contraloría y el magistrado le concede la suspensión, él puede continuar trabajando, pero si en su demanda no lo solicitó no puede seguir trabajando.