Las víctimas del delito en México empezaron a recibir la compensación económica y/o reparación del daño.

El bloque inicial está integrado por casos en los que se ha acreditado violación de derechos humanos; la primera sentencia de reparación corresponde a una detención arbitraria –y encarcelamiento ilegal por dos años– a quien se le entregarán alrededor de 800 mil pesos.

Con ello, se abre la operación del fideicomiso a cargo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), cuya bolsa general es de 980 millones. Los recursos para 2015 fueron depositados esta semana.

Aunque los padres de las víctimas de Ayotzinapa no han aceptado compensación económica alguna e insisten en que las autoridades deben entregarles a su hijos vivos, Julio Hernández Barros, comisionado de la CEAV, dijo que en este caso:

Creo que sería mayor a 800 mil pesos, porque en la reparación que hicimos (detención arbitraria) no había una desaparición ni muertos, así que siguiendo los criterios de necesidad y de proporcionalidad, desde luego el caso Ayotzinapa resulta proporcionalmente mucho más grave, así que la reparación sería muy superior, por lo menos del doble de esa cantidad.

Señaló que esta comisión se suma a la exigencia para que a la brevedad posible las autoridades mexicanas entreguen los restos del único normalista identificado (Alexander Mora), víctima de los hechos del 26 de septiembre, a fin de que se le realice la inhumación –a cargo de la CEAV– acorde con la voluntad y tradiciones de la familia del joven.

Explicó que una vez que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emita su recomendación en torno al ataque en Iguala y Cocula, Guerrero, se podrá construir el proyecto de compensación y reparación para los familiares de los 42 jóvenes desaparecidos, así como de los heridos y fallecidos, víctimas colaterales dentro del expediente Ayotzinapa.

Cuando se trata de violación a los derechos humanos, no tenemos problema, subrayó Hernández Barros.

“Así que para el caso Ayotzinapa no tendremos problema, porque es clarísima la desaparición forzada (de los 43 jóvenes normalistas) y la violación a derechos humanos, porque está acreditado que miembros de la policía de Iguala participaron en los hechos.

“También será fácil acreditar esta condición en los homicidios de los jóvenes del equipo de futbol Avispones, terceras personas no vinculadas, así como la pasajera de un taxi y el chofer del autobús de los Avispones. Es así –agregó– que las perspectivas de reparación son muy amplias.” La Ley General de Víctimas no fija un techo para ello, en tanto que se trate de violación a garantías básicas; sólo fija límite cuando es reparación subsidiaria por delitos.

Garantías

Para el cálculo de estos procesos se siguen estándares internacionales. La Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han fijado límites y posturas sobre los montos a reparar.

La reparación no se refiere sólo a cuestiones monetarias, incluye un apoyo integral con medidas de ayuda y apoyo, así como garantías de justicia y de no repetición de los casos.