l próximo lunes se cumplen cuatro meses de los lamentables hechos de Iguala, Guerrero, en los que fueron desaparecidos forzadamente 43 jóvenes, tres fueron arbitrariamente ejecutados, y una veintena fueron torturados y lesionados de gravedad. Sabemos también que fueron detenidos José Luis Abarca, presidente municipal de Iguala en ese momento, y su esposa, María de los Ángeles Pineda, así como casi una centena de personas, tanto servidores públicos como miembros de grupos delictivos. Cabe entonces hacer algunas consideraciones sobre el proceso judicial hasta ahora iniciado en su contra, correlacionándolo con los sucesos del 26 y 27 de septiembre pasado y con los derechos de las víctimas.

Primero tendríamos que decir que la información aportada por la Procuraduría General de la República (PGR) a los medios nos deja entrever que hasta el momento las consignaciones de la pareja no son necesariamente por los hechos de Iguala. Puede ser en cambio que por alguna extraña intención se capturó y consignó por fin a José Luis Abarca, pero que a pesar de las declaraciones oficiales se obvió hacer de inmediato alguna acusación que lo relacionara directamente con el caso de Ayotzinapa.

Entendemos que la consignación es sobre todo por delitos de delincuencia organizada, secuestro y homicidio calificado, y que por lo que hace a su concubina los delitos que se le imputan son también por delincuencia organizada en su modalidad de narcotráfico y por lavado de dinero. Pero en todo este proceso penal ninguno de los delitos hasta ahora mencionados por las autoridades tiene relación explícita con la desaparición, muerte y tortura de personas en Iguala el 26 de septiembre.

Preocupa entonces, reitero, que la puesta a disposición de jueces por estos lamentables hechos sea por otros delitos, pero no por la desaparición de los 43 jóvenes. Además, salta a la vista la falta de claridad en la información hasta ahora proporcionada por la autoridad a la sociedad. Por ejemplo, recientemente el director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón de Lucio, informó que se girarían nuevas órdenes de aprehensión contra Abarca por los hechos del pasado 26 de septiembre. Sin embargo nosotros, a cuatro meses de los hechos, seguimos en total incertidumbre. Ni las familias, ni la sociedad en sentido amplio, sabemos por cuáles delitos, modalidades y quiénes serían las víctimas en los procesos penales que supuestamente relacionarán a los Abarca con el caso Ayotzinapa.

Después de consultar con especialistas, y en apego a los derechos humanos, me aventuraré a sugerir que en el caso del ex presidente municipal, la PGR no debe dilatar más la consignación también por delitos como desaparición forzada, inhumación clandestina de personas, homicidio en autoría intelectual y, por supuesto, tortura, por mencionar sólo algunos de los que considero importantes.

Por lo que hace a la esposa, la PGR debería hallar elementos suficientes para comprobar en algún grado su culpabilidad en la comisión material o intelectual de esos delitos. En efecto, y muy a nuestro pesar, las averiguaciones y consignaciones llevadas a cabo por la PGR nos parecen insuficientes e incluso timoratas. No avanzan en la garantía de los derechos de acceso a la verdad y a la justicia que tienen todas las familias y los jóvenes normalistas. Se han quedado cortas porque, de consignar por los delitos que menciono, sí se podría avanzar considerablemente en la obtención de justicia, pues los delitos de desaparición forzada y tortura son en efecto cometidos por el Estado en su conjunto, y por ello causan escozor al sistema penal mexicano.

Pero si se investigan con la debida diligencia, se repara el daño y se generan garantías de no repetición, estaríamos avanzando en la transformación de un Estado criminal a uno que verdaderamente respeta por igual la dignidad de todas las personas y los pueblos. Estos crímenes de Estado son, en realidad, conforme a una definición dada por Penny Green y Tony Ward, la concreción de la desviación organizacional por parte de agencias del Estado que involucra la violación a derechos humanos.

Y echando mano del derecho penal internacional, podemos decir que se trata de acciones de Estado que configuran crímenes de lesa humanidad. En efecto, si revisamos a detalle los instrumentos internacionales en la materia, podemos dar cuenta de que en el caso de la desaparición forzada y la tortura la responsabilidad es del Estado en su conjunto, y no únicamente del primer eslabón en la cadena de mando. Sin embargo, hemos visto que de manera recurrente se ha querido circunscribir el caso de Ayotzinapa a un hecho aislado y localizado en el estado de Guerrero, obviando que todas las estructuras estatales están inmersas en tal situación, y que efectivamente el desvío de poder genera en forma sistemática delitos y violaciones a los derechos humanos. Es decir, son crímenes de Estado.

Las particularidades del caso Ayot-zinapa proporcionan elementos suficientes para que la PGR avance en las averiguaciones por desaparición forzada y tortura no sólo en el caso de los policías o mandos medios, sino también en los del ex presidente municipal o de cualquier otro alto funcionario. Asimismo, y si fuera el caso, es preciso que amplíe sus líneas de investigación para descartar la participación de las Fuerzas Armadas en estos graves hechos, y probar que en efecto no hubo militares implicados. De no ser así, el Estado falla nuevamente en garantizar los derechos de todos.

Justicia para Ayotzinapa no quiere decir condicionar o escatimar recursos y esfuerzos en la búsqueda de los jóvenes y el castigo de los culpables, sino transformar radicalmente una maquinaria estatal y criminal que ahora dirige su energía hacia el exterminio de las y los más pobres. Justicia para Ayotzinapa es un país y un mundo diferentes.