a saturada agenda del Congreso de la Unión, que deberá desahogarse a partir del próximo primero de febrero, se presenta en un entorno excepcional: un Ejecutivo federal débil y muy cuestionado en su honestidad por razones conocidas, un clamor nacional que exige seguridad y alto a la impunidad, una crisis económica inesperada, motivada entre otros factores por la reducción del precio del petróleo que afectará el gasto público y un proceso electoral próximo.

En ambas cámaras legislativas existe un gran rezago. Conforme a sus propios datos, en las últimas tres legislaturas ascienden aproximadamente a 400 las minutas o proyectos de ley pendientes de dictaminación, a pesar de estar aprobados por la otra cámara; de ellos, 302 corresponden a los senadores y 98, a los diputados.

En la actual legislatura se han elaborado algunos proyectos contando con la participación de diversas organizaciones de la sociedad civil, una buena práctica que conviene fortalecer; entre ellos cabría mencionar la Ley de Transparencia, propuestas de reforma constitucional en materia de corrupción y el diseño del Código Nacional de Procedimientos Penales. La Cámara de Senadores inicia el periodo de sesiones con un pendiente inexcusable, precisamente, con la Ley General de Transparencia, que conforme a la reforma constitucional del 7 de febrero de 2014, el Congreso está obligado a concluir en un año. De no aprobarse en una semana, precisamente el 8 de febrero próximo, se estará en falta grave. Ello sería lamentable, ya que se trata de una norma indispensable para avanzar en otros temas esenciales para la sociedad.

La iniciativa en materia de transparencia fue generada por las tres fracciones mayoritarias en el Senado, y es fruto de un largo proceso de construcción con participación ciudadana; sin embargo, hoy se enfrenta aparentemente a la resistencia gubernamental en temas relacionados con la reserva indefinida en materia de seguridad nacional, licitaciones y créditos gubernamentales. En relación con esta propuesta, voces fundadas cuestionan el artículo 208, pues con un diseño inadecuado impone sanciones a los órganos garantes de la información cuando se revelan datos confidenciales o que afectan a sujetos obligados. La preocupación es que este asunto, no considerado originalmente, inhiba la transparencia.

Un segundo tema en manos del Senado está relacionado con el capítulo de seguridad y justicia. El pasado primero de diciembre, el Ejecutivo federal presentó la iniciativa de una reforma constitucional para desaparecer las policías municipales, proponiendo que sus tareas las asuma la policía estatal. También plantea la posibilidad de disolver ayuntamientos infiltrados por el crimen organizado. El PAN y el PRI han expresado reservas señalando que los mismos vicios que existen en el ámbito municipal se reflejan en el estatal. Esta discusión acredita en todo caso que la seguridad y la justicia dependen de cambios de mayor amplitud.

El Senado enfrenta otras iniciativas pendientes: la reforma política del Distrito Federal, que retoma una agenda pendiente para dar el estatus político correcto a la capital de la República; la desvinculación del salario mínimo de otras leyes, tema que fue soslayado para imponer un miserable aumento para 2015; el seguro de desempleo que, en su versión actual, pretende reducir más de la mitad de los recursos del Infonavit, en contracorriente con el reciente plan presidencial de apoyo habitacional, y la pensión universal. Difícil pensar en algo más importante que este último renglón.

Por su parte, la Cámara de Diputados tiene pendiente la reforma constitucional en materia de corrupción. En diciembre de 2013 el Senado aprobó la primera etapa de esta reforma creando la Comisión Nacional Anticorrupción. Sin embargo, su diseño ha generado múltiples críticas, tanto por lo limitado de su alcance como por el hecho de que se integra por funcionarios públicos de alto nivel, como los gobernadores, que son parte del problema y obviamente inhibirían su adecuado funcionamiento.

El PAN y otras organizaciones de la sociedad civil han propuesto como alternativa un Sistema Nacional Anticorrupción que ha logrado apoyo por su carácter integral, aprovecha dependencias ya existentes fortaleciendo sus atribuciones y da espacio a la participación ciudadana autónoma. Este plan tiene en su favor dos elementos: la autonomía de los órganos que intervienen y su capacidad técnica. Se incluye un Tribunal de Justicia Administrativa, con capacidad de sancionar y de promover cambios estructurales, de acceder a información necesaria, y una fiscalía anticorrupción que investigue y pueda someter casos a los jueces penales. Es de destacar la propuesta de dar más dientes a la Auditoría Superior de la Federación para que cumpla con eficacia y prontitud su labor. Se afrontan, además, temas fundamentales como el secreto fiscal, bursátil, fiduciario y bancario.

Un pendiente en el ámbito de los diputados son las reformas necesarias al Código Nacional de Procedimientos Penales. En esta materia es importante escuchar a los expertos de la sociedad civil, pues preocupa la presión que pueda ejercer la Procuraduría General de la República en aspectos que impliquen retrocesos.

Una iniciativa más que tiene el carácter de preferente por haber quedado pendiente de la Reforma Laboral de 2012 y haber sido aprobada por el Senado, se vincula a la necesidad de consultar a los trabajadores antes de la firma del Contrato Colectivo de Trabajo. Es identificada como el artículo 388 bis y de ella depende resolver el cáncer de los Contratos Colectivos de Protección Patronal.

Ojo con los pendientes del Congreso.

Agradezco la colaboración de Esteban Martínez Mejía en la elaboración de este artículo