Pemex pagó 9 millones de dólares en 2011 por remolcar una plataforma petrolera desde Emiratos Árabes Unidos hasta el Golfo de México. Cuando auditores del gobierno revisaron el contrato, se percataron de algunos problemas.

La plataforma tenía el equipo equivocado para el contrato, de acuerdo con un reporte de una auditoría del Congreso. Y el traslado en sí era una ficción: la plataforma no necesitaba ser movida porque ya estaba en el Golfo de México.

Los auditores alertaron a Pemex en febrero de 2013 y apremiaron a sancionar a los empleados que manejaron el contrato, pero la compañía no hizo nada. Alrededor de un año después, una explosión en la plataforma provocó la muerte de dos trabajadores. Las causas del accidente siguen bajo investigación por parte de la empresa.

Lo ocurrido con este contrato, de acuerdo con lo encontrado en una revisión de Reuters, es la típica forma en la que Pemex responde a los indicios de fraude en su amplio presupuesto de contratación: haciendo la vista gorda.

Reuters identificó más de 100 contratos firmados entre 2003 y 2012 por un valor de 11 mil 700 millones de dólares sobre los que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de la Cámara de Diputados hizo señalamientos después de detectar irregularidades.

Éstas van desde sobrecotizaciones de trabajos de mala calidad que no cumplieron especificaciones hasta el fraude descarado. Los contratos cuestionados abarcan alrededor de 8 por ciento de los 149 mil millones de dólares en contratos de Pemex registrados en la base de datos federal en ese periodo.

Pemex casi siempre desestima esas advertencias. De 2008 a 2012, los datos más recientes disponibles, los auditores del Congreso emitieron 274 recomendaciones para que la empresa estatal tomara medidas sobre las irregularidades en los contratos, como presentar una denuncia, medidas disciplinarias o tratar de recuperar parte del dinero.

Pemex respondió a 268 de los casos, pero en sólo tres de ellos tomó medidas, como suspender a un puñado de empleados. Los órganos internos de control de Pemex desecharon 157 de los casos y hasta el mes pasado, 108 casos estaban sin resolver.

En México no castigan a nadie, dijo Arturo González de Aragón, ex jefe de la ASF. Como no castigamos a nadie, la impunidad se convierte en el incentivo perverso de la corrupción, destacó.

Pemex recibe una segunda supervisión, pero también este sistema falla. La Secretaría de la Función Pública (SFP), organismo del Poder Ejecutivo que vigila el fraude en el gobierno, supervisa a los órganos internos de control en Pemex.

Entre los contratistas que burlaron esta red de seguridad está Francisco Pancho Colorado, presunto colaborador de los Zetas, uno de los cárteles de la droga más sanguinarios de México.

Su compañía recibió decenas de millones de dólares de Pemex aún después de que la SFP buscó inhabilitarla por supuesto fraude. Posteriormente, Colorado fue condenado por una corte federal de Estados Unidos bajo cargos de lavado de dinero para los Zetas, un caso actualmente bajo apelación.

El no responder a las señales de que existe un fraude, dijo González de Aragón y otras fuentes familiarizadas con Pemex, es sintomático de la falta de supervisión en el gigante petrolero.

Los auditores de la ASF dicen no tener autoridad para imponer multas o abrir procesos penales. Ellos sólo pueden pasar sus recomendaciones a fiscales o a los órganos internos de control de Pemex.

Los investigadores del órgano interno de control de Pemex, sin embargo, son reacios a perseguir casos contra funcionarios que se supone deben regular. Los investigadores internos son técnicamente independientes de Pemex, como empleados de una agencia federal separada.