Las autoridades tradicionales de la comunidad indígena wirrárika de San Sebastián Teponahuaxtlán y su anexo Tuxpan de Bolaños, Jalisco, solicitaron la intervención urgente del presidente Enrique Peña Nieto y de la Secretaría de Gobernación para rencauzar el proceso de negociación que les permita recuperar 10 mil hectáreas de sus tierras ubicadas en el municipio de La Yesca, Nayarit, ocupadas por ganaderos nayaritas, dado que éste se ha deteriorado por criterios burocráticos y políticos estatales que pueden conducir a su fracaso.

En un escrito enviado al Presidente, con copia a los titulares de las secretarías de Gobernación y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), así como de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y al representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, entre otros, manifiestan su preocupación por el rumbo que tomaron las cosas, ya que hay irregularidades y deformaciones que consideraron inaceptables.

Más de 40 años en conflicto

Por su parte, el presidente de bienes comunales de San Sebastián Teponahuaxtlán, Miguel Vázquez Torres, manifestó que ante el retraso en la solución de este conflicto, que lleva 40 años, en los cuales se han llevado a cabo numerosas negociaciones y gestiones ante el Tribunal Unitario Agrario (TUA), la antes Secretaría de la Reforma Agraria (hoy Sedatu) y otras dependencias, la gente ya está desesperada y no sabemos en qué forma va a reaccionar; se necesita una respuesta inmediata.

Se ha buscado, dijo, una solución negociada, aunque la ley está del lado de la comunidad, para que el Estado cumpla con su responsabilidad en este problema y que no haya un conflicto social entre el pueblo wirrárika y el mestizo.

En la carta a Peña Nieto mencionan que luego de la marcha realizada el pasado 20 de agosto en Guadalajara por cientos de comuneros wixaritari, en protesta por el grave retroceso que se dio desde inicios de este sexenio en el proceso en que llevaban tres años invertidos, junto a los TUA y la Secretaría de la Reforma Agragia, en total se han sostenido ocho reuniones, y pese a existir una supervisión de Gobernación para garantizar el cumplimiento de acuerdos, eso no ha ocurrido.

Cuestionan que en cinco meses no ha podido radicarse ningún expediente completo en las oficinas centrales de Sedatu para avanzar a la etapa de elaboración de avalúos y presentación de las ofertas institucionales a los posesionarios.