Legisladores de PAN y PRD, y activistas de derechos humanos celebraron el retiro de Alfredo Castillo como comisionado en Michoacán, pero calificaron de ‘‘tardía’’ la decisión del presidente Enrique Peña Nieto.

Además, cuestionaron el ‘‘bajo desempeño’’ del funcionario, quien no sólo asumió una actitud ‘‘autoritaria y de injerencia indebida’’ en asuntos que competían sólo al estado, sino que deja la entidad con un grave problema de ingobernabilidad y con la misma presencia del crimen organizado.

El presidente de la mesa directiva en San Lázaro, Silvano Aureoles (PRD), consideró que la decisión representa una oportunidad para que se revisen a fondo las estrategias de contención de la delincuencia organizada.

‘‘Este es el momento para fortalecer las instituciones y lograr con la renovación de cargos de elección popular autoridades legitimadas que eviten figuras de gobiernos paralelos’’, dijo.

Para el coordinador perredista Miguel Alonso Raya, la permanencia del comisionado agravó los problemas. ‘‘En un principio tomó algunas medidas audaces, pero en breve se convirtió en un burócrata que actuaba por inercia, se conducía con filias y fobias y se aislaba de la problemática real’’.

El senador panista Roberto Gil Zuarth consideró que la gestión de Castillo deja mucho que desear y el gobierno federal se tardó en removerlo. ‘‘Michoacán queda enrarecido en vísperas de un proceso electoral.’’

A su vez, la directora ejecutiva del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Rocío Culebro, opinó que la gestión de Castillo no logró bajar los índices de violencia ni generar un diálogo verdadero entre los distintos grupos de autodefensa, además de que nunca informó cómo encontró a ese estado y cómo lo dejó. Calificó de grave que Castillo sea sustituido por un militar, el general Felipe Gurrola Ramírez, pues ello habla de que la estrategia del gobierno federal para Michoacán se está ‘‘endureciendo’’.

Finalmente, el líder nacional del PAN, Gustavo Madero, dijo que el nombramiento del general Gurrola debe encaminarse a concretar el mando unificado de las policías, así como abatir la impunidad.