La mayoría de los partidos políticos recriminó al Instituto Nacional Electoral (INE) la crisis del sistema de fiscalización en línea, provocada por la rescisión del contrato con la empresa Scytl, y cuestionó, sobre todo, el papel del encargado de la Unidad de Fiscalización, Alfredo Cristalinas, quien favoreció al PRI en 2012 y ahora está bajo sospecha de obstaculizar una investigación más rigurosa.

Cercado por las exigencias de los representantes partidistas, el consejero presidente, Lorenzo Córdova, reconoció que la fiscalización no va a ser tan robusta como planearon con la empresa trasnacional, y sustituirán la automatización con más trabajo manual. Pero prometió dar un informe la próxima semana y hasta abrir un sitio de Internet.

En la sesión del Consejo General del INE, consejeros y representantes de partidos políticos se enfrascaron en un debate que duró tres horas. Como los partidos retomaron los argumentos de Pere Vallés, presidente de Scytl, de que se canceló el contrato por razones políticas y por intervención de Cristalinas, el instituto subió el citado documento a su página de Internet.

El representante del PAN, Francisco Gárate, abrió la discusión cuando demandó que se transparentara la información. Y se preguntó más adelante: ¿Cuál es el siguiente paso?, ¿le vamos a delegar a los Organismos Públicos Locales (Oples) la fiscalización? Si eso sucede habremos dado al traste con una reforma político-electoral que tuvo la fiscalización como eje nodal.

Horacio Duarte, representante de Morena, exigió al consejo un pronunciamiento sobre la cacareada fiscalización, que está naufragando. También cuestionó al encargado del despacho de la Unidad de Fiscalización, acusado públicamente por la empresa de ser el responsable de la entrega tardía de información para que el modelo de fiscalización no funcionara en los plazos contratados.

Fernando Belaunzarán, consejero por el Poder Legislativo en el PRD, advirtió que hay “desconfianza y sospechas, porque la Unidad Técnica de Fiscalización que pactó el contrato con Scytl fue la misma que permitió la impunidad del PRI en el caso Monex y el rebase de los topes en las campaña por el ahora presidente Enrique Peña Nieto.

No podemos aceptar que nos den gato por liebre. Que el sistema de fiscalización sea menos riguroso, menos transparente o menos eficaz, insistió.

Córdova, quien debió intervenir para aclarar el tema, señaló que no hay naufragios ni claudicación ni crisis, ni mucho menos intencionalidades política como algunos han planteado.

Anunció que la próxima semana llevará al Consejo General un acuerdo que permita la construcción de un sistema alterno con blindaje jurídico y legal.

Los consejeros electorales hicieron cierre de filas y uno tras otro defendieron la cancelación del trato; incluso Marco Antonio Baños planteó que no ayuda la estridencia y aclaró que no delegarán la fiscalización a los estados.

Esas explicaciones no fueron suficientes. El senador panista Javier Corral acusó al Consejo General de generar desconfianza y de conducirse con arrogancia. Recordó que el cierre del Instituto Federal Electoral se debió a la exculpación que hizo de Peña Nieto por los rebases de topes de campaña y por el caso Monex, lo que fue responsabilidad de la cuestionada unidad de fiscalización. ¿Por qué nos van a pedir fe, voto de confianza o apoyo a ciegas?, cuestionó.

Ricardo Mejía, diputado de Movimiento Ciudadano, todavía se preguntó: ¿De qué sirve contar con un sistema de contabilidad en línea de altísima tecnificación si quien aplica la fiscalización siempre castiga a los partidos de oposición y es tolerante con el régimen, como ha sido quien todavía ocupa esta área en el INE?”

Luego hubo un intercambio de acusaciones entre el PRI y los partidos de oposición, porque una vez más salieron a relucir las casas del presidente Peña Nieto y las irregularidades en su elección, hasta que los consejeros aprobaron un acuerdo que extemporáneamente y con carencias comienza la fiscalización de las precampañas.