Las investigaciones del caso Tlatlaya revelan que efectivos castrenses tendieron un cerco alrededor de la bodega donde privaron de la vida a 22 personas, con el fin de controlar la llegada del Ministerio Público (MP) del estado de México, ya que informaron que el enfrentamiento continuaba pasadas las 10 de la mañana, a pesar de que había concluido horas antes, indicaron funcionarios que participan en el gabinete de seguridad nacional.

Las fuentes consultadas señalaron que la reclasificación del caso hecha por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha puesto a descubierto que los efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional realizaron ese control con el fin de ganar tiempo y acomodar la escena del crimen, los cuerpos, las armas y los vehículos.

El cerco alrededor de la bodega localizada en el poblado de San Pedro Limón sirvió para encubrir la presión que ejercieron sobre tres mujeres sobrevivientes a los hechos ocurridos el 30 de junio de 2014, para que no declararan que lo sucedido fue una ejecución.

Los funcionarios entrevistados indicaron que a siete meses de ocurridos los hechos, de los 22 cadáveres, 19 han sido reclamados y tres continúan en instalaciones del Servicio Médico Forense del estado de México.

La Procuraduría General de Justicia del estado de México (PGJEM) reabrió las indagatorias con motivo de la reclasificación del caso por la CNDH, la cual consideró que se cometieron violaciones graves a las garantías de las víctimas.

Lo anterior ha permitido, indicaron los funcionarios consultados, que tanto autoridades federales como defensoras de derechos humanos conozcan testimonios que revelan que los ocho soldados que llegaron inicialmente a la bodega abandonada recibieron apoyo de un grupo de más de 50 elementos, y formaron un cerco.

Explicaron que si bien desde las dos de la madrugada de esa fecha la procuraduría estatal fue informada sobre un tiroteo entre presuntos delincuentes y militares, por la frecuencia de radio los soldados pidieron que no se acercara nadie al lugar, y dijeron que ellos avisarían para que otras autoridades se desplegaran.

Peritos y agentes del MP llegaron casi a las 12 horas, pues fueron enviados a las siete de la mañana de Toluca a Tlatlaya, lo que les tomó cinco horas de recorrido, y aun antes de ingresar a la escena del crimen los militares los mantuvieron a varios kilómetros de distancia.

Los efectivos castrenses controlaron el desplazamiento de las autoridades civiles, a las cuales pidieron que hicieran un levantamiento rápido de los restos porque tenían información de que células de narcotraficantes estaban por llegar.

La mayoría de los 22 fallecidos eran habitantes del municipio de Arcelia, Guerrero, y presuntos integrantes del cártel de La familia michoacana.

Las investigaciones se encuentran en el proceso de identificación de los servidores públicos de la PGJEM que habrían presionado y torturado a las tres sobrevivientes para que no declararan que fue una matanza, pero en el ámbito militar sólo tres soldados fueron acusados de homicidio y cuatro de encubrimiento.