Ante la creciente demanda de agua, el proyecto de ley general de aguas plantea que se deben buscar más vías para obtener el recurso, como la desalación de líquido del mar, trasvases de cuencas y acuíferos, así como la participación del sector privado para garantizar este derecho humano.

El documento de la Comisión Nacional del Agua menciona que este recurso es considerado un insumo que propicia el desarrollo económico, por lo que es necesario hacer eficiente y transparentar su distribución mediante la definición de de nuevas restricciones y evitar su acaparamiento.

Señala que se deben eliminar los conceptos de explotación, aprovechamiento y asignación de agua, con el fin de utilizar únicamente la concesión del recurso. Agrega que ante la reducción en la disponibilidad se han tomado medidas drásticas, como el trasvase de una cuenca o de un acuífero a otro con la participación del sector privado, por lo cual plantea que se deben regular estas autorizaciones.

El documento, que ya fue avalado por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, señala que ante la escasez de agua se han buscado fuentes alternas, por lo que es impostergable la extracción y uso de aguas salobres y saladas de procedencia marina para desalarlas y utilizarlas, tanto para abastecimiento de agua potable como para cubrir las demandas de los sectores turístico, industrial y agrícola de alta rentabilidad.

Apunta que debido a que el mayor consumo de líquido se da en las actividades agrícolas, es necesario que estos usuarios se sujeten a criterios de eficiencia y sustentabilidad.

En cuanto a la infraestructura hidráulica, el proyecto de ley refiere que su diseño debe ser integral y orientado a atender los objetivos y metas de la planeación hídrica, así como contribuir a dar cumplimiento al derecho humano al agua, mitigar los efectos generados por fenómenos hidrometeorológicos y estimular el desarrollo sustentable.

El debido cumplimiento al derecho humano al agua resultaría imposible sin una regulación adecuada y un control real de los usos de las aguas nacionales, por lo que la regulación del uso doméstico tiene la función de garantizar este derecho, por ser una excepción al régimen de concesiones siempre que se realice por medios manuales, lo que asegura que el volumen utilizado servirá para satisfacer las necesidades básicas de consumo personal y del hogar.

Este proyecto de ley, que busca garantizar el derecho humano al agua plasmado en la Constitución en 2012, menciona que para garantizarlo se requieren recursos e inversiones suficientes, oportunas y de calidad provenientes de los sectores público, social y privado, lo que obliga a realizar el manejo eficiente de los mismos, a fin de expandir la cobertura.

También considera que debe haber un ente regulador que vigile y supervise la prestación de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales.