Ante senadores de todas las fuerzas políticas, la representante de Amnistía Internacional, Mónica Oehler, señaló que la reforma constitucional del presidente Enrique Peña Nieto en materia de seguridad y justicia es incompleta y parte de un diagnóstico erróneo, al considerar que la corrupción policiaca y los nexos del crimen organizado son sólo a escala municipal.

México vive una crisis en materia de derechos humanos, donde la impunidad parecer ser la regla, recalcó, e hizo notar que la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa no es un caso aislado, sino precedido de otros, como el de San Fernando, donde fueron asesinados 72 migrantes centroamericanos, que permanece impune.

Por su parte, el secretario del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Jorge Carlos Hurtado, defendió la iniciativa del Ejecutivo federal. Sostuvo que la policía municipal debe desaparecer, como lo propone Peña Nieto, para crear el mando estatal único, toda vez que los ayuntamientos están rebasados por la violencia y la penetración en ellos del crimen organizado es cada vez mayor.

Sostuvo que las autoridades municipales no actúan únicamente de forma pasiva, sino que se convirtieron en una red de información del crimen organizado, por lo que lejos de ser la solución son parte del problema.

Igualmente, el comisionado nacional de la Policía Federal, Enrique Galindo Cevallos, expuso que la iniciativa propone la posibilidad de contar con 32 policías estatales fuertes, sólidas, con supervisión, vigilancia y medición de resultados.

En contraparte, la representante de Amnistía Internacional recalcó que la iniciativa de Peña Nieto sólo plantea restructurar el modelo policiaco, pero no va a fondo para atacar la corrupción, una de las causas que han provocado la violencia y la inseguridad que se vive en el país.

Oehler insistió en que de entrada la iniciativa del Ejecutivo parte de un diagnóstico erróneo, toda vez que la corrupción no sólo se da a escala municipal, sino también estatal y federal. Hizo notar que no se toma en cuenta que se requiere dar incentivos a los policías municipales y estatales para que no se involucren con el crimen organizado, y uno de ellos es darles salarios dignos.

Por su parte, el representante del Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde), Ernesto López Portillo, criticó también el contenido de la iniciativa. Dijo que no puede haber depuración de los cuerpos policiacos sin depurar el sistema político. Se requiere, recalcó, construir la confianza de los ciudadanos en la policía.