En México todavía se da el caso de personas que desde la indignación y la impotencia se duelen de ser tres veces víctimas por un delito: el acto criminal, la burocracia interminable del sistema de justicia y la impunidad, admitió el presidente Enrique Peña Nieto, y reconoció que cuando se viola el debido proceso, en algunos casos se victimiza a los criminales y se criminaliza a las víctimas.

Frente a tales hechos, abundó, el Estado mexicano ha actualizado recientemente el marco legal e institucional para favorecer el respeto y la protección de los derechos de las víctimas. Entre los cambios se encuentra la implantación del sistema de justicia penal acusatorio oral.

El Presidente lamentó la demora evidente en algunos casos para llevar a cabo la aplicación de la justicia, porque nos pasa a veces a los mexicanos que esperamos hasta el último momentopara hacer las cosas y, en este caso, darle debida forma y asumir un verdadero compromiso.

Frente a dirigentes de organizaciones civiles, funcionarios del sistema de justicia e incluso agentes de la Policía Federal, el mandatario inauguró ayer el foro Equidad para las víctimas en el debido proceso.

Peña Nieto felicitó a los grupos ciudadanos presentes, por la entereza y muy civilizada manera de encauzar sus demandas, de enarbolar banderas por la justicia.

Durante el acto de inauguración del foro insistió en la disminución de las cifras de homicidios y extorsiones, pero, lamentablemente, admitió, no ocurre lo mismo con los secuestros.

Este último delito, dijo, se ha convertido en una derivación del combate y la fragmentación de las bandas luego de la captura de grandes capos. La reducción en otros crímenes lo llevó a insistir: no estamos satisfechos con lo que hemos alcanzado. Se trata de una tarea inacabada para alcanzar un México en orden, sin corrupción e impunidad.

En la misma ceremonia intervino el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, quien pidió despejar de los ámbitos de seguridad toda la efervescencia política. Hay que desvincular, insistió, la política de la seguridad, y asumirlo así en el tema de las policías únicas.

Si no avanzamos de manera consistente desde este primer eslabón, que es el que tiene el contacto directo con el delito, será muy difícil que México pueda cambiar, apuntó el mandatario capitalino.

Mancera resaltó: lo ideal es que no hubiera víctimas, y llamó entonces a reforzar las labores de prevención y mejorar los cuerpos de policía. Para eso tenemos que despejar la venda de los ojos sobre el funcionamiento de éstos: hay 400 municipios sin policía y mil 800 más que no pueden responder con efectividad a los requerimientos de la seguridad pública. Se trata de una realidad que hay que atender, puntualizó.

A su vez, el presidente Peña Nieto reivindicó la aprobación de un código nacional de procedimientos penales, la nueva ley de mecanismos alternativos de solución de controversias, la reforma en materia de justicia para adolescentes, los cambios constitucionales sobre derechos humanos y la promulgación de la Ley General de Víctimas.

Pero todo, asumió, son ordenamientos jurídicos perfectibles. El gobierno federal está persuadido de enriquecerlos y de aplicar mejores políticas públicas en materia de seguridad, a partir de las opiniones y puntos de vista tanto de organismos de la sociedad civil como de especialistas.

Por ello, y a propósito del anuncio formulado el pasado 27 de noviembre –el llamado decálogo de medidas derivadas de los hechos ocurridos en Iguala en septiembre–, Peña Nieto se refirió a la serie de consultas en puerta para la denominada justicia cotidiana, que implica dirimir diferencias y conflictos en el orden familiar, mercantil y civil, donde la sociedad espera de los organismos responsables una justicia rápida y expedita.

El próximo jueves y por encargo del Ejecutivo, el Centro de Investigación y Docencia Económicas iniciará foros para una legislación en ese ámbito.