A cinco días de que entró en vigor el nuevo sistema de justicia penal acusatorio en la ciudad de México, no se tiene fecha para el primer juicio oral, pese a que se han abierto más de 160 carpetas de investigación por delitos no graves o querellas, señaló Édgar Elías Azar, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF).

El magistrado dijo que va a tardar todavía algún tiempo, pero justificó la dilación con que estos casos continúan en manos de los facilitadores de la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJDF) para hacer las conciliaciones.

Están prácticamente todos los asuntos mediándose. No llegan y ojalá que no llegara ninguno nunca, jamás, lo que significaría que las víctimas están siendo bien reparadas en el daño.

Elías apuntó que, más que demora, la justicia se está anticipando al proceso; estamos adelantándonos a los tiempos. ¿Qué significa? Que llega una parte, hace una denuncia, citan a la persona imputada, y pues llega, reconoce, paga, resarce el daño, etcétera; no hay ninguna demora, al contrario.

Recordó el caso de Monterrey, donde ya se aplica la oralidad y el primer juicio tardó cerca de un mes en presentarse.

Recalcó que el nuevo sistema privilegia la presunción de inocencia y la reparación del daño, y si esto último no ocurre, entonces el agente del Ministerio Público (MP) tendrá que pasar la carpeta al tribunal.

Explicó que los acuerdos que se hagan ante los facilitadores del MP tienen toda la fuerza de una sentencia. Es decir, ahí se cumple o se cumple.

Por otra parte, el titular de la Secretaría de Finanzas, Édgar Abraham Amador Zamora, informó que para continuar con la implementación del nuevo sistema de justicia penal, el DF tendrá este año recursos adicionales por más de 400 millones de pesos entre aportaciones locales y federales.

El funcionario explicó que de los 214 millones 346 mil pesos que la Asamblea Legislativa aprobó en el Presupuesto de Egresos como asignaciones adicionales a la dependencia, 10 millones son para la operación del Instituto de Planeación, Estadística y Geografía, y los más de 200 millones restantes están destinados al fideicomiso para la Implementación del Sistema de Justicia Penal en la ciudad, que ya está constituido en Banobras.

Aclaró que ya existe una cartera de proyectos que fue aprobada por la secretaría técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, a partir de la cual se determinó el monto adicional asignado este año al fideicomiso por conducto de la dependencia capitalina, y el gobierno federal aportará una cantidad igual de 204 millones de pesos para su ejecución.

Todo, hasta el último centavo, son recursos para la reforma judicial; son proyectos como salas de mediación, el tribunal de adolescentes, la modificación de salas penales y el software para el procesamiento de las sentencias, entre otros, precisó.

Señaló que los recursos de este fideicomiso serán ejercidos en su totalidad para proyectos relacionados con la reforma penal por el TSJDF, la PGJDF, la Secretaría de Seguridad Pública y la Consejería Jurídica y de Servicios Legales.