Buenos Aires.

Consternación fue la palabra elegida por diputados y funcionarios gubernamentales ante la muerte del fiscal Alberto Nisman, que estaba a cargo de la unidad fiscal de investigación sobre el cruento atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), que dejó 85 muertos y centenares de heridos el 8 de julio de 1994.

Nisman fue encontrado muerto en la noche del domingo en su departamento del edificio Le Parc, en el barrio porteño de Puerto Madero, encerrado en el baño y con un disparo en la sien derecha y un revólver junto a su mano.

Los resultados de la autopsia determinaron que no hubo participación de terceros en este hecho, ya que no presentaba ninguna evidencia de violencia, más que el disparo, al parecer hasta ahora por propia mano, que le produjo la muerte. También se estima que el hecho sucedió en las primeras horas de la tarde del domingo.

El pasado 12 de enero el fiscal presentó sorpresivamente una denuncia insólita contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el canciller Héctor Timerman y otros dirigentes de movimientos políticos y sociales, a quienes acusó de buscar impunidad para un grupo de funcionarios iraníes de alto nivel acusados por Estados Unidos e Israel –sin pruebas concretas– de ser responsables del atentado.

Iba a comparecer ante diputados

Se refería al memorando de entendimiento logrado por el gobierno argentino con Irán en 2013 para que los acusados pudieran ser interrogados por jueces y fiscales argentinos en Teherán y poder así –con presencia de observadores imparciales de todo el mundo– conocer la versión iraní del ataque a la AMIA.

La denuncia causó un fuerte impacto político. Los familiares de las víctimas, agrupados en Memoria Activa y otros, advirtieron que no creían en esta denuncia de Nisman, cuyo alejamiento de su cargo de fiscal habían solicitado varias veces por serias irregularidades.

En realidad, el fiscal había dado a conocer esta denuncia sin comunicar nada al juez de la causa, Rodolfo Canicoba Corral, y utilizó informes de escuchas telefónicas realizadas ilegalmente por un grupo de espías que estaban bajo el mando de Jaime Stiuso, jefe de operaciones de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), ahora llamada Secretaría de Inteligencia (SI), despedido recientemente por el gobierno después de años en ese organismo.

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner ordenó este lunes al titular de la SI, Óscar Parrilli, la desclasificación de la información relacionada con la investigación del atentado contra la AMIA, pedida por el fallecido fiscal Alberto Nisman, para colaborar con la juez federal María Servini de Cubría, que también está a cargo de la causa del bombazo contra la mutual judía.

Mediante una nota oficial de la SI, Parrilli notificó a Servini de Cubría la decisión presidencial. Atento a la amplia desclasificación efectuada por esta Secretaría de Inteligencia en la nota enviada el día de la fecha, y desconociéndose el contenido de la denuncia presentada por el Dr. Nisman, es que peticiono a V.S tenga a bien proceder a identificar los nombres del personal de este organismo que se encontrarían referidos en la mentada denuncia a efecto de proceder al levantamiento del secreto de los mismos, informó la SI al referirse a unos cuatro números telefónicos.

En una extensa carta publicada la tarde de este lunes en Facebook y su página web, la presidenta recordó cronológicamente la historia de la causa AMIA, las graves irregularidades que la paralizaron y su participación en ella luchando por la verdad –desde que era senadora– y refutó los argumentos esgrimidos en los últimos días en la denuncia por encubrimiento que presentó Nisman contra ella y algunos funcionarios y dirigentes políticos.

No se debe permitir que una vez más se intente hacer con el juicio de encubrimiento lo que ya se hizo con la causa principal, señaló la mandataria, quien se preguntó: ¿qué fue lo que llevó a una persona a tomar la terrible decisión de quitarse la vida?

La cancillería, por su parte, destacó, con declaraciones de directivos y ex directivos de Interpol, que fue el gobierno argentino el que insistió en que se mantuviera la alerta roja de ese organismo contra los acusados, incluso mientras se les indagara en Teherán, y que fue la presidenta quien denunció la falta de cooperación iraní en la Organización de Naciones Unidas, por lo cual se decidió una vía diplomática importantísima como era el memorando de entendimiento, lo cual desmintió parte de la denuncia de Nisman.

Como si fuera el guión de una película, el fiscal que estaba de vacaciones con su familia en Holanda, regresó de improviso a Argentina el 7 de enero, el mismo día del atentado en París contra la redacción de Charlie Hebdo, y presentó esta denuncia el 13 de enero, justamente en el mes de feria judicial –asueto–, logrando dejarla en manos de un juez como Ariel Lijo, que ha sido señalado como cercano a una oposición que maneja poderosos hilos del Poder Judicial.

Esta tarde, el bloque de diputados del oficialista Frente para la Victoria, después de expresar consternación, también recordó que iban a asistir este lunes a una presentación del fiscal Nisman citada por la diputada opositora Patricia Bulrich, de Unión Por Todos-Propuesta Republicana, para, presuntamente, conocer el trasfondo de la denuncia.

Sin embargo, en las últimas horas una serie de informaciones hacía imaginar que sería muy difícil para Nisman explicar ante la Comisión del Congreso la veracidad de su denuncia, aprovechada miserablemente por una oposición desesperada por el año electoral, según señalan funcionarios gubernamentales.

Juliana Di Tulio, presidenta del bloque oficialista en la Cámara de Diputados, en nombre de sus colegas sostuvo que era importante establecer varias respuestas, entre ellas: ¿quién llamó y por qué al fiscal Nisman que estaba de vacaciones en Holanda y que recién debía presentarse el 28 de febrero próximo, para que viajara a Argentina tan apresuradamente y en plena feria judicial?

¿Quiénes le entregaron estas presuntas pruebas para realizar una denuncia tan grave nada menos que contra la presidenta? Precisamente una denuncia que no fue entregada al juez de la causa como correspondía, añadió Di Tulio.

Canicoba Corral había advertido a Nisman con anterioridad que sus acusaciones contra nueve funcionarios iraníes carecían de pruebas, estaban basadas en informes de servicios de inteligencia extranjeros como la Agencia Central de Intelgencia, el Mossad israelí y otros de Europa y le pidió investigar a fondo. Pero Nisman no investigó esto y hasta ahora siguen sin existir las pruebas contra los funcionarios iraníes, como advirtió el periodista e investigador Horacio Verbitsky.

¿Quienes estuvieron con el fiscal desde el 12-13 de enero hasta el momento de su muerte?, se preguntan también los funcionarios oficialistas. Como se sabe ahora, Nisman había pedido un arma a un colaborador muy cercano, la misma con que se habría suicidado.

Otra pregunta clave es la razón por la que tomó tan trágica decisión, y en este punto el oficialismo habla de la persistencia de grupos mafiosos en el país. Es decir, la hipótesis es que si hubo suicidio inducido, ¿qué mano estuvo detrás? Periodistas locales advierten sobre la miserabilidad de una oposición que trata de crear sombras sobre este hecho, cuando este suicidio realmente es un golpe contra el gobierno que ha ratificado la institucionalidad en estos momentos. También criticaron una convocatoria de grupos de la oposición para manifestarse con la consigna Todos somos Nisman.