Iguala, Gro.

Pasado el mediodía, ya sólo quedan tres autobuses en la escuela normal de Ayotzinapa. Estudiantes de varias normales de Guerrero esperan a Felipe de la Cruz, padre de uno de los sobrevivientes del ataque del 26 de septiembre, quien atiende a un par de reporteros.

Responde a una batería de preguntas machaconas: ‘‘No vamos a permitir que en Guerrero haya elecciones’’, reitera.

Se recuerda a De la Cruz que hace unos días, en un foro organizado por el gobierno guerrerense, el ex presidente del Instituto Federal Electoral José Woldenberg afirmó que de no haber comicios en la entidad procedería ‘‘la declaración de un estado de excepción y la suspensión de garantías. ¿Quién haría esta operación? El Presidente de la República, con el aval del Congreso… ¿Es esto lo que quieren?’’

Responde el padre de familia: ‘‘No, porque habrá un gobierno popular; por eso estamos formado concejos en los municipios’’ de la entidad.

Aunque no está claro cómo funcionaría ese esquema más allá del ámbito municipal, De la Cruz sostiene que ‘‘votar por los mismos es votar por el crimen’’, y que la clase política guerrerense se retrata a sí misma ahora que ‘‘está en campaña, como si nada hubiera pasado o más bien porque no les importa lo que ha ocurrido’’.

Semestre en riesgo

En uno de los salones de la normal esperan a De la Cruz los estudiantes preocupados porque en las negociaciones con el gobierno federal no se han abordado las alternativas para que no pierdan el semestre, toda vez que siguen en paro de labores.

De la Cruz sigue con las preguntas. La obvia, del día, es por qué suspendieron la ‘‘búsqueda ciudadana’’ que habían anunciado con duración de una semana: ‘‘No se suspendió, se acortó porque nos ganaron los tiempos y tenemos ya otras actividades. Pero vamos a programar una nueva búsqueda’’, precisa.

En los patios de la normal quedan algunas personas que, informa, participaron en una búsqueda nocturna. ¿Dónde? ‘‘Pues allá en los cerros’’.

De la Cruz es profesor egresado de Ayotzinapa, donde perteneció a la última generación (1987) que cursó la normal después de haber estudiado sólo la secundaria. Es también un experimentado cuadro de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (Ceteg).

En 2011, por ejemplo, fue uno de los dirigentes del paro que hicieron los maestros en Acapulco para exigir seguridad en las escuelas, sobre todo de las colonias populares, donde eran (y son) víctimas de la delincuencia organizada que les exigía cuotas nómina en mano.

En estos días se vive una redición del paro. En diciembre llegaron a estar cerradas 198 escuelas. Muchas abrieron con el inicio de 2015, pero ahora la cifra ronda las 110, atizado el paro por las declaraciones de Salvador Martínez della Rocca, secretario de Educación del gobierno estatal, quien admitió que en apenas un par de meses han sido asesinados 22 mentores y secuestrados ocho más.

‘‘Pero ahora no queremos que la situación de Acapulco nos desvíe del objetivo que tenemos: encontrar a nuestros hijos’’, ataja De la Cruz, y vuelve a lo suyo.

‘‘Con las vacaciones quisieron que Ayotzinapa quedara en el olvido. Ahora otra vez pretenden decir que ya acabaron con esto, pero no abandonaremos la lucha hasta que nos comprueben científicamente su versión’’, cierra De la Cruz, antes de meterse a la reunión para después volver a Ayotzinapa.

Nosotros no estamos de luto

La marcha que no guarda duelo ha sido convocada a través de redes sociales, pero también la han anunciado los periódicos locales. El grupo que convoca se llama Red de Defensa por Iguala y se dice ‘‘harta de los vándalos’’ de Ayotzinapa.

Antes de emprender la caminata, sus voceros –ninguno da su nombre– trazan la estrategia, porque han decidido llegar al punto donde la Coalición de Organizaciones y Ciudadanos de Iguala mantiene un plantón permanente en la explanada frente al palacio municipal, que sigue en reparación luego de que la ‘‘avanzada’’ de una marcha de apoyo a los normalistas le prendió fuego el 22 de octubre del año pasado.

‘‘Ocupamos la misma estrategia de ellos, que tiren el primer golpe y luego nos hacemos los chillones, como hacen ellos’’, dice uno de los líderes visibles.

Los diarios locales han informado que la marcha tiene la finalidad de exigir un cese inmediato de la ‘‘violencia de normalistas y cegetistas, así como de delincuentes y políticos’’. Pero sus organizadores dicen que es sólo contra ‘‘los actos vandálicos de los seudonormalistas’’.

Se refiere a un grupo de organizadores que los estudiantes de Ayotzinapa se han preguntado por qué nunca se movilizaron contra la delincuencia organizada. Responden a coro: ‘‘Nadie les dijo que vinieran aquí’’. ‘‘No hay congruencia en sus declaraciones. Que la PGR investigue con qué propósito vinieron’’. ‘‘Muchos de la lista (de desaparecidos) ni siquiera están en la matrícula de la normal’’.

Antes del 26 de septiembre, se infiere de sus respuestas, Iguala era un paraíso:

–Los delincuentes nunca se metían con nosotros –dice un hombre.

–Mucha gente aquí habla de retenes, de abusos, de que no podían salir en las noches. Están las fosas…

–Nada de eso es cierto. Nunca se metieron con nosotros. Si eso pasaba, era a gente que andaba en malos pasos.

Una joven asegura que antes todo era paz, que los normalistas son los que ‘‘han sembrado sicosis; los niños ya hasta tienen miedo de ir a la escuela’’.

A esas alturas, hay más elementos de la Gendarmería que manifestantes. La caminata arranca rumbo al centro. En su mejor momento, y eso porque un borrachín se entusiasma con los gritos y se suma, avanzan rumbo al palacio municipal 42 personas, la mitad menores de edad.

‘‘¡No somos asesinos, somos igualtecos!’’ ‘‘¡Fuera Ayotzinapa!’’. ‘‘¡No estamos de luto!’’, son las consignas más repetidas.

La marcha llega a la explanada. Una veintena de personas está en el plantón. Los marchistas se colocan bajo una gran manta que dice ‘‘Nos faltan 43’’.

Los líderes van a comenzar su mitin cuando del plantón sale el grito: ‘‘¿Por qué los asesinan, si son la esperanza de América Latina?’’ No lo repiten tres veces cuando ya el pequeño mitin se ha disuelto. Hay un breve intercambio de gritos (‘‘¡Piden paz, pero no justicia!’’), pero la cosa no pasa a mayores. Los marchistas se van a la plaza contigua, donde el líder más visible remata: ‘‘Si quieren justicia que vayan a Los Pinos y nos dejen en paz’’.

Ignacio Suárez, vocero de la coalición que apoya a Ayotzinapa, asegura que la marcha fue organizada por ‘‘gente afín a José Luis Abarca y María de los Ángeles Pineda Villa, por periodistas que escribían en favor de ellos, por gente que quiere que volvamos a vivir pueblo contra pueblo’’.

La especie tiene sentido si se recuerda que dos movilizaciones anteriores, ‘‘por la paz’’, lograron reunir varios centenares de personas, porque fueron promovidas, entre otros, por los comerciantes de oro.

Algunos miembros de la coalición sólo pueden identificar entre los marchistas a Pablo Morrugares, quien se presentaba, antes del 26 de septiembre, como ‘‘asesor político’’ del alcalde Abarca y como promotor artístico. Quiso organizar, por ejemplo, un concierto de El Komander.

El año pasado escribía en las redes sociales comentarios como el siguiente: ‘‘Fuera ayotzinapos de Iguala, sólo vienen a desestabilizar la ciudad que estaba en calma hasta que llegaron esos dizque estudiantes’’.