uál será la verdadera intención de los 236 representantes republicanos que votaron para anular las ordenes ejecutivas que garantizan a más de 4 millones de indocumentados permanecer en el país, y la que dio cobijo legal a cerca de un millón de jóvenes que llegaron al país siendo niños? Se pone al borde de la deportación a más de 5 millones de indocumentados que, al amparo de las órdenes ejecutivas del Presidente, habían salido a la luz para iniciar los trámites necesarios para acogerse a dichas previsiones. La pregunta tiene sentido debido a la alta probabilidad de que los proyectos de ley aprobada por los conservadores en la Cámara de Representantes no alcancen los votos necesarios en el Senado. Más aún, en el supuesto de que los senadores los aprobaran, el presidente Obama ha asegurado que los vetará.

¿Para qué entonces el despliegue de una ofensiva tan violenta contra el Presidente, o peor aún, contra tantos millones de personas? La explicación, según observadores políticos, pudiera estar en la necesidad del liderazgo republicano de hacer un guiño a sus más radicalmente conservadores miembros agrupados en la fracción del Tea Party. El problema de esta estrategia es que de esa forma están enajenando la voluntad del creciente electorado cuyas familias y amistades tienen nexos con los millones de indocumentados sobre los cuales pende la guillotina de la deportación. Más aún, según la organización PEW, tal vez la más seria en la medición de opinión pública, 71 por ciento de las personas entrevistadas en 2013, en una muestra que abarca un amplio espectro socioeconómico y étnico, considera que se requiere dar los pasos para que, con algunas condiciones, se permita a los alrededor de 11 millones de indocumentados permanecer en el país.

Hay otras dos disposiciones de los republicanos que el Presidente ha prometido vetar: La construcción del oleoducto Keystone que llevaría petróleo de Canadá a las refinerías del estado de Texas, por el daño que causaría al medio ambiente. Otra, que ya se aprobó en la cámara baja, anula la ley que regula a las instituciones financieras mediante la que se evita que especulen con los fondos de los cuenta-habientes. No hay que especular mucho para adivinar que el fin último de la estrategia conservadora es poner en evidencia al gobierno encabezado por un demócrata liberal su falta de voluntad para llegar a acuerdos con la oposición, empedrando así el camino al candidato demócrata a la presidencia en 2016.