La asistencia técnica de expertos de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) en la investigación del ataque y desaparición de 43 normalistas en Iguala, Guerrero, abre la puerta a considerar la participación de instancias del Estado mexicano en actos de lesa humanidad, coincidieron diputados federales.

Los abogados y médicos nombrados por la CIDH verificarán el valor de las acciones del Estado mexicano en torno a la agresión contra los alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, hecho que no tiene precedente mas que en la participación de la CIDH que investigó la masacre étnica en Kosovo, lo cual implica que estaríamos frente a un suceso de crimen de lesa humanidad del cual el Estado podría ser responsable, señaló el perredista Roberto López Suárez, integrante de la Comisión de Derechos Humanos en San Lázaro.

Por el contrario, el diputado Jesús Valdés (PRI) rechazó que la intervención de expertos de la CIDH en el caso implique a priori que el Estado mexicano tenga responsabilidad: Al firmar el acuerdo con la CIDH, la administración del presidente Enrique Peña Nieto manifiesta una apertura tal que no importa hasta dónde se llegue en la investigación. Eso simplemente se llama transparencia y honestidad. Resulta inadmisible pensar que el gobierno fue omiso cuando con esto se confirma la voluntad de encontrar explicaciones y resultados plausibles y verdaderos.

No obstante, Lilia Aguilar, del Partido del Trabajo, recordó que la CIDH, antes que cualquier otra institución, apoyó a las víctimas de la agresión en Iguala, y fue la primera en dictar medidas precautorias para salvaguardarlas. Por cierto, dijo, “el gobierno no ha cumplido con dichas medidas, y lo que hemos visto es a todas luces relevante porque implica el reconocimiento de que el Estado sí participó en los hechos de Ayotzinapa.

Más allá de quién fue el culpable, lo que hemos encontrado son errores sistémicos en la defensa de los derechos humanos de los ciudadanos. Una vez que la Procuraduría General de la República es la única institución que ha investigado, lo que se debe dejar hacer a los expertos de la CIDH es constituirse en una especie de comisión de la verdad, que no dependa de nadie y esté libre de realizar pesquisas. El gobierno sería muy perverso si no da acceso a la CIDH a toda la información, como sucedió en el caso de los forenses argentinos. Así que si no hay acceso a lo investigado quedará la evidencia de la falta de estado de derecho y de transparencia.'

La representante petista, quien forma parte de la comisión especial de diputados para investigar la desaparición de los 43 estudiantes, denunció que el legislador panista Guillermo Anaya, quien encabeza dicha comisión especial y es presidente de la Comisión de Seguridad Pública en San Lázaro, es indolente y miedoso al obstaculizar los trabajos del grupo de legisladores.

Desgraciadamente, hasta ahora nada hemos hecho. Ya apercibimos a Guillermo Anaya, y lo más grave es que él ha evitado ir a Iguala o al estado de Guerrero, porque argumenta que es muy peligroso. No ha hecho nada y ha intentado borrar las conclusiones intermedias a que hemos llegado.

Para Roberto López Suárez, el gobierno de Peña Nieto se encontrará en la mira de la opinión pública internacional, por lo que estará obligado a proveer de toda la información a la comisión de la CIDH, porque la intervención de ese organismo obedece al reclamo consistente y documentado de la sociedad a escalas nacional e internacional. El pacto entre la CIDH y la Secretaría de Relaciones Exteriores no es una concesión del gobierno mexicano, es resultado de la presión social.

También, Ricardo Mejía Berdeja, legislador por el partido Movimiento Ciudadano, consideró muy relevante la intervención de la CIDH, pues sienta un precedente histórico para reconstruir y esclarecer los hechos de Iguala. La CIDH está acreditada, tiene un reconocido prestigio, no protege intereses ni voluntades de nadie y sus investigaciones permitirán alcanzar la verdad frente a las omisiones del Estado mexicano, señaló.

Roxana Luna (PRD) reprochó las declaraciones mediáticas del gobierno federal. Apuesta al tiempo para el olvido y así distender las cosas. Piensa que se nos va a olvidar ese crimen, porque no hay voluntad política para que la ciudadanía sepa la verdad de lo ocurrido.