Doce abogados detenidos son imputados por fraude y blanqueo
Domingo 18 de enero de 2015, p. 19
Madrid.
Con la consigna Derechos humanos, solución, paz
en el País Vasco, más de 10 mil personas se manifestaron este sábado en la ciudad española de San Sebastián para denunciar el arresto, a principios de semana, de 16 personas acusadas de pertenecer a la organización vasca ETA.
Entre las personas detenidas el lunes pasado figuran 12 litigantes, quienes fueron puestos en libertad, si bien no podrán abandonar España ni visitar a los prisioneros de la antigua organización armada en nombre del colectivo de abogados
que garantiza su defensa.
La manifestación recorrió las calles del centro de la ciudad y el paseo marítimo. Al término, dos portavoces leyeron un manifiesto, en el que rechazaron la operación policial en que fue detenido el denominado frente de cárceles
de la organización. Estuvo encabezada por algunos abogados liberados y fue covocada por la coalición independentista EH Bildu, segunda fuerza del Parlamento vasco; los sindicatos ELA y LAB, y el colectivo de familias de presos Etxerat.
El Estado español quiere condenar a la sociedad vasca a una espiral de conflicto y aquí hay voluntad suficiente y mayoritaria para avanzar hacia una sociedad en paz y democracia
, declaró Mikel Ansa, uno de los responsables de comunicación del partido independentista Sortu.
Los abogados están acusados de fraude fiscal, blanqueo y pertenencia a una organización terrorista. Los otros cuatro detenidos son imputados por pertenecer a ETA. El Ministerio del Interior los acusa de pasar las directrices del grupo a los presos.
El juez Eloy Velasco, de la Audiencia Nacional, principal instancia penal española, decretó prisión incondicional para los tres tesoreros de la organización de apoyo a los presos Herrira, cuyas actividades suspendió la justicia.
Estas detenciones implicaron también el aplazamiento, al 29 de enero, de un importante proceso contra los miembros de la coalición Batasuna, considerada como el brazo político de ETA e ilegalizada en España en 2003, ya que muchos de los acusados se quedaron sin abogados defensores.
Los señalados consideraron que el gobierno conservador de Mariano Rajoy busca así influir en la opinión pública a menos de un año de las elecciones legislativas, máxime cuando sus abogados podrían haber sido simplemente citados a comparecer sin ser detenidos justo antes de la apertura del juicio.
