Los familiares de los luchadores sociales Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, víctimas de desaparición forzada en mayo de 2007, exigieron que el Ejército Mexicano abra las puertas de todas sus instalaciones para buscar allí a ambos hombres, y de esta forma muestre la misma apertura que tuvo con los padres de los normalistas de Ayotzinapa.

Nadin Reyes, integrante del Comité de Familiares de Desaparecidos Hasta Encontrarlos, recordó que ya existe una resolución del Poder Judicial de la Federación (PJF), emitida a mediados del año pasado, que ordena la búsqueda exhaustiva de Reyes y Cruz en todas las instalaciones militares que se considere necesarias, tomando en cuenta que miembros del Ejército pudieron haber estado involucrados en su desaparición, junto con policías del estado de Oaxaca.

La visita que van a realizar al cuartel militar de Iguala es un logro importante que obtuvieron los padres de los normalistas de Ayotzinapa (desaparecidos hace más de tres meses), pero también es importante que esto mismo se logre en el caso de Edmundo y Gabriel, porque, además, ya hay una resolución judicial que obliga a las autoridades a hacerlo, indicó la activista.

Como se informó en estas páginas, el 19 de junio de 2014 un tribunal colegiado ordenó que diversos cuerpos de seguridad –entre ellos el Ejército y la Policía Federal– expliquen su actuación en el caso de ambos hombres, se integre una comisión especial para dar con su paradero y se les busque en todas las instalaciones militares o policiales donde hayan podido ser detenidos o enterrados.

Para dar inicio a esta labor, explicó, es necesario que el juez encargado del caso reciba un informe de la Procuraduría General de la República donde se detalla hasta dónde han avanzado sus investigaciones sobre el tema, para después ordenar que se ejecute la mencionada sentencia, lo cual debería ocurrir la próxima semana.

“Miles de familias piden la apertura de los cuarteles por las evidencias que hay sobre la participación del Ejército en casos de desapariciones forzadas. Hay que aplicar ya la resolución del PJF, porque sienta un precedente y abre la posibilidad de que esto ocurra en muchos casos más. Es una exigencia histórica desde la época de la llamada guerra sucia”, enfatizó.

Las inspecciones a los cuarteles militares, dijo Nadin Reyes, deben realizarse de forma minuciosa, sin que haya ninguna área reservada y con el apoyo de especialistas que sean capaces de recabar huellas y evidencias que no se pueden detectar a simple vista por personas sin conocimientos de criminología y peritaje.