éxico es un país en el que día a día el pueblo lucha por la defensa de sus derechos. Esta defensa requiere la actividad diaria de muchas personas que fortalecen cotidianamente su organización y sus lazos de solidaridad. Hace algunas décadas habíamos logrado el reconocimiento de algunos derechos civiles y políticos a sangre y fuego. Se pensaba que sólo éstos eran fundamentales para vivir en democracia. Sin embargo, hoy día vemos que la democracia se sustenta, y todavía con mayor profundidad, en el respeto de los derechos sociales, los llamados DESCA. Son también estos derechos los que posibilitan la existencia de una vida digna. Su garantía y efectivo cumplimiento impide que personas y grupos lucren con ellos y se hagan de clientelas electorales para mantenerse en el ejercicio del poder.

El derecho a una vivienda digna, a la alimentación, al agua, al medio ambiente sano, a la cultura y a la energía eléctrica, entre otros, constituyen la piedra angular de una verdadera democracia. Conscientes de ello, no pocas organizaciones y movimientos sociales han emprendido la lucha política y jurídica para alcanzar a plenitud el goce de condiciones de vida que les permitan vivir humana y dignamente. Los logros y las brechas abiertas para su defensa son valiosos y diversos. En el terreno jurídico se han logrado sentencias favorables en las que jueces y magistrados reconocen los derechos sociales como derechos susceptibles de ser protegidos legalmente. El avance en este ámbito ha sido tal, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió el Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos relacionados con proyectos de desarrollo e infraestructura (http://ow.ly/HjzCY). Este documento forma parte de una serie de protocolos que en años recientes ha emitido la SCJN, muchas veces ayudada por diversas organizaciones de la sociedad civil que tienen amplia experiencia en estos temas, debido a su trabajo cercano con personas y comunidades que ahora padecen violaciones a sus derechos colectivos.

Se trata, pues, de una herramienta que orienta a las y los juzgadores frente a aquellos casos de violación de derechos relacionados con supuestos proyectos de desarrollo o infraestructura, también conocidos como megaproyectos. Con base en estándares de derecho internacional, construye una definición de dichos proyectos, explicando cuáles son sus características principales y los efectos que producen. Proporciona además una serie de principios de carácter general para comprender e interpretar integralmente los derechos humanos, toda vez que la implementación de un megaproyecto puede generar violaciones a derechos humanos.

El protocolo hace un análisis sobre los derechos, incluyendo principalmente los económicos, sociales, culturales y ambientales que se pueden ver afectados. Destaca también la sistematización de sentencias, tanto nacionales, como internacionales, que permiten acercarnos a conocer el avance jurisdiccional que existe en esta materia. Es necesario mencionar que el protocolo no es por sí mismo un documento obligatorio, vinculante, pero los instrumentos jurídicos nacionales e internacionales en los que está fundamentado sí lo son. Ojalá esta herramienta sirva de apoyo a las y los impartidores de justicia, a quienes corresponde determinar la viabilidad y legitimidad de un proyecto de desarrollo. E igualmente a la sociedad civil, a la comunidad académica y a los pueblos que luchan por la defensa de sus territorios, bienes naturales y derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

En este sentido, desde el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP AC hemos también construido colectivamente el Manual para la defensa integral del derecho humano a la alimentación y el Manual para la defensa integral del derecho humano a la vivienda. Ambos documentos recogen la experiencia y el esfuerzo de trabajo conjunto entre las y los defensores de derechos humanos, comunidades y personas que trabajan día a día en estos temas. Se nutren de las luchas frente al despojo y la injusticia. La investigación, creatividad e intervención directa en la defensa de estos derechos nos permite compartir de manera sistematizada este conjunto de saberes y experiencias con compañeros defensores de otras organizaciones civiles, académicos, pero sobre todo con personas y pueblos que se defienden ante su violación sistemática.

Así, los manuales se elaboraron también con la finalidad de ser una herramienta de apoyo para aquellas personas que han sido o están siendo afectadas por violaciones a sus derechos a la alimentación y a la vivienda. Basta recordar los desalojos forzosos que se llevan a cabo en grandes ciudades, así como la falta de ética en el uso de organismos genéticamente modificados en alimentos, y las políticas públicas marcadas por la mercantilización o el asistencialismo.

Los manuales recogen la experiencia de esta organización, pero también el saber de aquellas organizaciones sociales que compartieron su andar por la defensa de sus derechos humanos, como las y los defensores del Parque Reforma Social, y los colectivos que han impedido la siembra de maíz transgénico en nuestro país. Son populares, realizados con un lenguaje ameno y sencillo, y están estructurados de tal forma que permiten conocer el contexto de los derechos a la vivienda y a la alimentación en México y en el Distrito Federal. Incluyen desde luego herramientas jurídicas y de comunicación para hacerlos exigibles; elementos de análisis, investigación y documentación, y finalmente estudios de caso para ejemplificar su situación concreta.

Estos manuales pueden ser otro de esos pasos que damos desde la sociedad civil con el anhelo de compartir de una manera más accesible, amigable y cercana a las personas y colectivos herramientas de exigibilidad del derecho humano a la vivienda y a la alimentación. Esperamos haberlo logrado mediante su lectura, estudio y puesta en práctica.