La organización civil Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos (PIAP) exigió al delegado de la Secretaría de Gobernación en esa entidad, Víctor Manuel Gandarilla Carrasco, intervenir en el conflicto de la comunidad indígena nahua de Zacualpan, Colima, y hacer cumplir la ley y una sentencia del Tribunal Agrario. Reclamó al funcionario su omisión en el cumplimiento de sus funciones y advirtió que no debe esperarse a que la gente se mate, aplicando la ley del niño ahogado.

En Zacualpan, un grupo afín al anterior comisariado de bienes comunales Carlos Guzmán, quien apoya la operación de una mina de oro en la comunidad, tiene bloqueado desde el 30 de diciembre el acceso a un manantial, conflicto incentivado por una errónea política federal al entregar concesiones mineras sin respetar los derechos de los pueblos, afirma el PIAP.

Sobre el conflicto, Gandarilla Carrasco había aseverado en declaraciones a medios, que es un problema interno que deben resolver los propios comuneros.

En un documento enviado al citado funcionario, la organización, manifiesta: No estamos de acuerdo en que la omisión y el desprecio a la ley, la falta de procuración de justicia y de respeto a los derechos humanos estén presentes en su léxico y su actuar.

En Zacualpan hay crisis social, pero tiene resoluciones concretas y urge restablecer el orden y el respeto de lo ya sentenciado. ¿Qué pasa si un grupo no acata un fallo que no le fue favorable? Es decir, nos parece que usted sufre de falta de compresión en su quehacer como funcionario y desconoce aspectos básicos de los derechos humanos y peor aún, de lo que dice su código de ética de la dependencia a su cargo con relación a la justicia, le indica el PIAP.