Dos de las mujeres que sobrevivieron a los hechos violentos ocurridos el pasado 30 de junio en Tlatlaya fueron víctimas de tortura y de amenazas de tipo sexual, cometidas por elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) para obligarlas a inculparse, de acuerdo con la recomendación 51/2014 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Como se ha informado en estas páginas desde octubre de 2014, en el mencionado documento se consigna que las víctimas fueron golpeadas por policías y asfixiadas con bolsas de plástico, además de recibir amenazas de muerte y de violación contra ellas y sus familiares hasta que aceptaron firmar documentos sin leerlos.

El informe de la CNDH indica que ambas fueron maltratadas por elementos de la Fiscalía de Asuntos Especiales de la PGJEM para obligarlas a confesar su supuesta relación con los presuntos delincuentes que perdieron la vida en los hechos del 30 de junio y no hablar de la manera en que los militares ejecutaron al menos a 15 de ellos, aun cuando estaban desarmados y se habían rendido.

Al ser llevadas a las instalaciones de la procuraduría en Toluca, una de las sobrevivientes afirmó que un grupo de oficiales le pidió la contraseña de su perfil de Facebook. Al interrogarla, le advirtieron que tenían una forma de hacer hablar a la gente sin que se le notaran los golpes.

Patadas, golpes en la cara, amenazas de violación

Después de revisar el contenido del perfil en esa red social, un hombre la bajó de la silla a jalones mientras otro la pateaba en los costados, mientras la amenazaban con hacer daño a su familia y le dijeron que no les costaba nada poner sus manos en las armas.

Cuando los agentes le hacían preguntas y ella no sabía las respuestas, dijo la mujer, la golpeaban con los nudillos en la cara y en la cabeza, en un interrogatorio que duró unos 30 minutos.

Acto seguido, le advirtieron que no debía hablar de lo sucedido, pues de lo contrario su hija quedaría en un orfanato.

Al día siguiente, narró la víctima, ella y la otra detenida fueron trasladadas a un lugar cercano, donde la metieron a un baño con tres hombres, quienes le dijeron que ellos hacían hasta que los muertos hablaran, al tiempo que le jalaban el pelo, le pegaban en las costillas y la asfixiaban con una bolsa de plástico, hasta que uno de los agresores advirtió: esta vieja se nos va a morir.

En ese lugar, un hombre amenazó con violarla, le hizo preguntas sexuales amenazantes, se bajó el pantalón y le ordenó que se inclinara. Fue cuando aceptó declarar lo que le ordenaran y firmó una serie de documentos sin poder leerlos y sin un abogado presente.

A la otra mujer también le hicieron preguntas amenazantes y la insultaron por su condición de sexoservidora. Luego de que sus agresores amenazaron con violarla, también aceptó firmar hojas cuyo contenido no pudo leer y sin la presencia de un abogado defensor.