La impugnación de la Procuraduría General de la República (PGR) contra la liberación de las 11 personas que fueron encarceladas tras participar en la marcha del 20 de noviembre de 2014 es un acto de intimidación legal cuyo propósito es evitar que los policías que presentaron acusaciones falsas contra los manifestantes sean investigados.

Así lo afirmó Alejandro Jiménez, abogado del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, quien lamentó la actitud necia de la fiscalía al insistir en que el sólo dicho de los policías acusadores es suficiente para consignar a los involucrados, quienes fueron recluidos en penales de alta seguridad acusados de motín, asociación delictuosa y tentativa de homicidio.

El pasado 12 de enero, explicó el litigante, el tribunal unitario en materia penal del tercer circuito, con sede en el Distrito Federal, dio inicio al trámite de apelación y lo notificó a las 11 personas que recuperaron su libertad el 29 de noviembre del año pasado.

Para iniciar esa acción legal, explicó, la PGR sigue considerando válidas y suficientes las declaraciones de los cinco policías que detuvieron y acusaron a los manifestantes, a pesar de que el juzgado 17 de distrito, con sede en Xalapa, Veracruz, determinó lo contrario.

La verdadera intención de la PGR, consideró Jiménez, es intimidar a los 11 liberados y poner obstáculos a la investigación sobre la responsabilidad de los agentes policiacos que presentaron una acusación montada.

Están tratando de frenar las indagatorias sobre detención arbitraria, tortura y malos tratos, que ya están en curso, en un intento por defender la legitimidad de las acusaciones sustentadas en una simulación de flagrancia de personas inocentes detenidas al azar. Es una respuesta necia que también busca evitar la reparación integral del daño, subrayó.