Familiares de los estudiantes desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa advirtieron que corresponde al Poder Judicial y al Ministerio Público, no a los políticos, determinar la probable responsabilidad de los militares en el ataque contra los estudiantes de septiembre pasado. Subrayaron que pugnan por ingresar a todos los cuarteles de Guerrero, no sólo al de Iguala, como planteó el gobierno federal.

Por conducto de su representante, Vidulfo Rosales, aclararon que la visita de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a las instalaciones militares, por invitación de la Secretaría de la Defensa Nacional, es independiente del recorrido que efectuarán los padres de los normalistas.

Aseveró que solicitaron el ingreso a esos lugares antes de diciembre y no recibieron respuesta formal; por el contrario, las instancias gubernamentales se instalaron en una posición de fuerza, con el argumento del fuero militar, lo que llevó a la polarización de las posiciones.

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ha insistido en la inocencia de los militares en los hechos del 26 y 27 de septiembre. Asegura que sólo participaron policías municipales de Iguala y Cocula en el ataque contra los jóvenes.

Vidulfo Rosales, del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, respondió también en entrevista: No corresponde a las autoridades políticas exonerar (a los militares), sino al juez y al Ministerio Público (MP) establecer si hay o no elementos para una consignación o para fincar responsabilidades.

Los representantes de las víctimas se reunieron anoche con el subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Luis Enrique Miranda, y solicitaron que las autoridades investiguen a un presunto extorsionador que pide dinero a cambio de información acerca del paradero de los jóvenes, según información difundida en medios de comunicación.

Rosales insistió en la pertinencia de entrar a todos los cuarteles militares de Guerrero, pues ya se ha hecho una revisión en otro tipo de corporaciones. Lo único que no se ha revisado es el Ejército; por otra parte, hay elementos en la indagatoria que señalan la participación de militares en los hechos. “Eso no lo decimos nosotros, está en los expedientes de la indagatoria; incluso que hay una relación (de los soldados) con los Guerreros Unidos (grupo criminal); también hay videos de que estuvieron patrullando y detuvieron estudiantes. Es decir, sí tuvieron participación”.