urante 2014 los cuestionamientos y las luchas en el sector salud se acrecentaron. En este contexto es relevante el estudio del Coneval para determinar indicadores de seguimiento y evaluación del Sistema de Protección Social en Salud o Seguro Popular (SP) dispuesto por la Cámara de Diputados en 2012. El informe hace una propuesta de indicadores y luego los aplica para la evaluación del SP.
Este texto, sin embargo, revela inconsistencias conceptuales, metodológicos y de la práctica institucional. Reflejan así las ambigüedades y el doble discurso de la actual política de salud mexicana. El texto empieza reivindicando el derecho a la salud como un derecho social legalmente establecido que plantearía como deber estatal garantizar la atención en salud a todos con independencia de las características socio-económicas de la persona. Esta premisa conceptual debería llevar a un análisis del sistema público de salud para determinar cuáles son los elementos cruciales que impiden la realización de este derecho. Los indicadores que resultaran de este enfoque serían distintos a los que eligió el Coneval. Por ejemplo, ocuparían lugares destacados el monto y uso del presupuesto público de salud y las serias restricciones del paquete de servicios que ampara el Seguro Popular.
Al elegir indicadores, Coneval ignora su propia premisa conceptual y se centra en el SP como una política de combate a la pobreza sin advertir que en los hechos viola el derecho a la salud. Adopta algunos de los indicadores de la OCDE de acceso y uso efectivo
de los servicios. Sin embargo, es importante que supera la anterior definición de acceso
como equivalente a la afiliación a algún tipo de seguro de salud para vincularlo con disponibilidad, accesibilidad, utilización y calidad de los servicios.
El problema metodológico más importante es que se calcula la disponibilidad de servicios dividiendo el recurso –por ejemplo, camas, consultorios, médicos, etcétera –de la SSA/Sistemas Estatales de Salud (SES) entre el número de afiliados al SP en 2008 y 2010. Esto demuestra una incomprensión de las obligaciones de estas instituciones, encargadas de prestar servicios a toda la población, no sólo a los afiliados al SP. El incremento de afiliados presumiblemente proviene de personas sin seguridad social que ya tenían derecho de atenderse en la SSA/SES.
Otros problemas metodológicos, para no decir pifias, son las “proporciones“ que sumadas rebasan 1; el alegato de que las personas ignoran su afiliación al SP cuando ellas mismas la han reportado o; los hospitalizados (gráfica 11) en ¡consultorios de farmacia!
A pesar de estos problemas, la aplicación de los indicadores al SP arroja datos interesantes, aunque no desconocidos. Así se confirma que los datos administrativos de afiliación del SP están muy por encima de los encontrados por distintas encuestas directas. Omite empero señalar que el porcentaje más alto sin un seguro, 26.4 por ciento, corresponde a los más pobres (decíl I).
Asimismo, el cálculo de disponibilidad de recursos demuestra que son insuficientes para garantizar el acceso y la utilización de servicios, particularmente en las zonas pobres. Es decir, urge la inversión en infraestructura y recursos humanos sobre la base de las necesidades insatisfechas de salud. Este hallazgo se confirma con los indicadores de accesibilidad, medido por el tiempo promedio de traslado a un hospital, que es más largo para los afiliados al SP que para aquellos con seguridad social laboral.
En cuanto a la satisfacción de la demanda de servicios en presencia de un problema de salud, el SP deja sin atención al 13 por ciento contra 16 por ciento para los sin un seguro, mientras el dato correspondiente para la seguridad social laboral es del 7 a 3 por ciento. En el rubro calidad del servicio se mezclan indicadores de barreras a la atención como su costo y el tiempo de espera con otros de satisfacción con el servicio. Se menciona el gasto de bolsillo en este rubro, pero no se analiza en función del ingreso y el tipo de afiliación. Es una ausencia importante, porque, considerando la mitad más pobre de la población, los afiliados al SP son en promedio los que tienen el mayor gasto de bolsillo.
El Coneval reconoce como una restricción importante que su trabajo se basó en datos públicos existentes, pero no recomienda cambios en el sistema de información. También es de señalar que el SP reporta en su página indicadores distintos a los propuestos por Coneval. El eslogan de este organismo es Lo que se mide se puede mejorar
, pero su aplicación práctica depende de qué y cómo se mide.
