o se caracteriza la presente administración federal por el cumplimiento real y puntual de las aparatosas ofertas y promesas que suele hacer al calor de acontecimientos que le resultan inmanejables o de circunstancias que le impugnan o acusan gravemente, pero aun así puede considerarse positivo el anuncio de que de alguna manera se abrirán algunas o alguna puerta de algunos o algún cuartel para que se realicen cierto tipo de diligencias informales que podrían ser visitas simples o más o menos detalladas (al estilo variable de los recorridos turísticos) o, en un hipotético caso que sería realmente plausible, inspecciones a fondo de la estructura militar mexicana hasta ahora rotundamente sustraída a la legítima supervisión civil en cuanto pueda significar violación a derechos humanos, encarcelamientos arbitrarios (como sucedió durante los años de la llamada guerra sucia, con el Campo Militar número uno como tétrico referente) y, como sucede ahora en el caso Iguala, cremaciones y otras formas de desaparición de cuerpos.

Dada la crónica proclividad de los poderes mexicanos a la fabricación de apariencias destinadas a la manipulación mediática y en medio de una sostenida cadena de inconsistencias y falsedades en dichos oficiales respecto a asuntos públicos muy trascendentes (incendio en oficinas de Pemex, Tlatlaya, Iguala, tren chino, Casa Blanca, entre otros), es importante asentar que de poco servirá la realización de tours propagandísticos en museos del horror con las verdades incómodas bajo la alfombra de color verde. No se trata de pasear la vista y caminar de la mano de los guías para dar por asentado que nada por aquí, nada por allá.

Ayer mismo, a la hora de cerrar esta columna, familiares de los normalistas desaparecidos estaban en reunión con el subsecretario ejecutivo de Gobernación, Luis Miranda Nava. Es de esperarse que se hayan acordado protocolos viables y veraces para esa inspección de civiles a los cuarteles militares. En estos lances va la credibilidad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que en semanas recientes ha tratado de mostrar bocetos de una fachada a remozar y, sobre todo, el restablecimiento institucional de las fuerzas armadas, que han sido fuertemente ligadas a los hechos oscuros que llevaron a la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa y cuyas instalaciones y efectivos están siendo colocados (por la política federal sobre el tema) en el centro de impugnaciones sociales directas y crecientes, que podrían llegar en infausto momento a confrontaciones de militares contra civiles en un periodo sumamente delicado para el país.

Édgar Elías Azar es un magistrado con suerte (por decirlo de alguna manera). Cada que está a punto de que se cumplan ciclos de su estancia en el poder aparecen (o hace aparecer, o impulsa que aparezcan) modificaciones que le ayudan a seguir en el cargo que ejerce actualmente, el de presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura en el Distrito Federal. El jurista guerrerense que fue secretario de finanzas con José Francisco Ruiz Massieu llegó a esa presidencia del tribunal capitalino en diciembre de 2007 (ayudado por Manuel Camacho Solís), con un artículo 33 de la ley orgánica correspondiente que señalaba que el ocupante del alto cargo duraría en su cargo cuatro años y no podrá ser relecto para el periodo inmediato ni ocupar nuevamente el cargo por motivo alguno.

Pero el 18 de marzo de 2011 (a nueve meses de dejar el puesto), en la Gaceta Oficial del DF se publicó la reforma de ese artículo 33 para establecer que el presidente del tribunal ahora podría durar en su cargo cuatro años y podrá ser relecto, por una sola vez para el periodo siguiente. Esta vez, Elías Azar recibía la ayuda de Marcelo Ebrard y Alejandra Barrales para seguir durante un forzado cuatrienio extra.

Ahora debe irse en diciembre del presente año. Pero ayer la Gaceta Oficial del DF publicó otra reforma sugerente (enviada por Miguel Ángel Mancera el año pasado y aprobada en diciembre por la asamblea legislativa bajo su control), esta vez al artículo 26 de la ley orgánica que establecía como límite los 70 años de edad para seguir en funciones. Elías Azar los cumplirá en agosto de 2016, cuando ya deberá estar retirado. Mas, si la patria requiere que mantenga su esfuerzo (ya hubo incluso un intento de alargar el periodo, de cuatro a seis años), mediante alguna reformilla oportuna, él podrá estar disponible (digamos, por ejemplo, para seguir invirtiendo recursos del tribunal en el fondo defraudador Ficrea, vergonzoso machetazo de 120 mdp a caballo judicial), pues ahora se instauró que el límite de edad son los 75 años. ¿Propondrá Mancera la posibilidad de una relección más para el magistrado presidente en el DF, y por eso desde ahora se destraba el punto de la edad límite? Puritita buena suerte, el azar.

Astillas

Rafael Moreno Valle rindió su cuarto informe de gobierno en Puebla, con la sombra de la represión a movilizaciones sociales al amparo de la repudiada ley bala (en especial, en Chalchihuapan, donde fue asesinado el niño José Luis Alberto Tehuatlie) y con un inocultable futurismo que busca posicionar a ese político antes priísta, ahora panista, como aspirante en 2018 a la Presidencia de la República... César Camacho reunió en el comité nacional priísta a 11 presuntos aspirantes a la gubernatura de San Luis Potosí, en busca de concertar una candidatura de unidad, al estilo mostrado en el caso Nuevo León. Destaca la presencia del comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo Ceballos, quien ha dedicado tiempo y recursos (en SLP están desplegadas brigadas de gendarmería atendiendo amablemente a la población) en pro de un proyecto que significaría el primer paso para crear gobiernos policiales... Y, mientras la caída de los petroprecios frena contratos a firmar luego de las reformas peñistas, ¡hasta el próximo lunes!

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