Habitantes de la comunidad de San Miguel Canoa, en el estado de Puebla, anunciaron que impedirán las elecciones mediante las cuales este año se renovará al titular del ayuntamiento y exigirán el retiro de la policía para hacerse cargo ellos mismos de su seguridad, como una estrategia de resistencia pacífica ante el acoso del gobernador Rafael Moreno Valle.

Luego de que el pasado 12 de enero la policía estatal trató de ingresar a la localidad para recuperar el edificio de la alcaldía –tomado desde octubre de 2014 en demanda de que sea liberado el presidente municipal auxiliar, Raúl Pérez Velázquez–, los pobladores decidieron en asamblea demandar el retiro de los agentes que aún permanecen ahí.

La comunidad mantiene bajo resguardo el edificio y decidió tomar el acuerdo de pedir que salga un pequeño grupo de policías que están custodiando la presidencia municipal, porque no hacen nada, y de que los habitantes resguardemos nuestra propia seguridad, anunció vía telefónica Rocío Pérez, hija de Raúl Pérez y vocera de San Miguel Canoa, en una rueda de prensa organizada por la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD).

El pueblo está dividido en 10 regiones y cada una va a estar resguardada por los propios habitantes, coordinados por un comité central. Se trata de una medida para evitar la ingobernabilidad y no usaremos armas, porque es un sistema pacífico, detalló.

Como informó este diario el miércoles pasado, la ANAD denunció que los alcaldes de tres municipios poblanos están en la cárcel desde octubre de 2014 por oponerse a la iniciativa de Moreno Valle de concentrar en la capital del estado todos los trámites del registro civil.

La reforma impulsada por el gobernador, explicó este organismo, resta facultades y atribuciones a las juntas auxiliares de varias comunidades indígenas que se rigen por el método de usos y costumbres, y quita también los ingresos que pagan miles de familias por los trámites del registro civil.