Tixtla, Gro.

Una caravana de búsqueda ciudadana, encabezada por padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos desde el 26 de septiembre pasado en Iguala, partió este miércoles de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, con la esperanza de encontrar con vida a sus hijos.

Los padres y grupos solidarios que los acompañan salieron a las 15:20 horas en nueve camiones, tres camionetas y un auto compacto, y casi a las seis de la tarde llegaron al Centro Regional de Estudios Normalistas, de Iguala, donde pernoctaron.

El contingente va resguardado por 80 elementos –30 de los cuales van armados– de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria de la casa matriz de San Luis Acatlán, El Paraíso, Ayutla de los Libres y Olinalá, así como por integrantes de la Coordinadora Regional de Seguridad y Justicia Ciudadana y Popular de Temalacatzingo, y del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota del poblado Cacahuatepec, municipio de Acapulco.

Vidulfo Rosales Sierra, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, anunció que la búsqueda durará unos ocho días. No sabemos los puntos específicos elegidos por los padres de familia, porque no podemos hacerlos públicos por razones de seguridad, pero en Iguala se van a revisar varios puntos.

Los lugares que visitará la caravana fueron determinados a partir de una información anónima y de personas de confianza. Hay varios puntos de los que ya tiene conocimiento la policía comunitaria.

Rosales Sierra se refirió al anuncio hecho el martes por el gobierno federal de que se abrirán los cuarteles militares en Guerrero. Hicimos dos peticiones: una es (abrir) una línea de investigación que permita indagar la responsabilidad del Ejército Mexicano en los hechos del 26 y 27 de septiembre.

Destacó que “hay elementos probatorios en el expediente que indican que efectivos del Ejército Mexicano tuvieron conocimiento de la existencia (del cártel) Guerreros Unidos, de su operación en Iguala, de su convivencia con la autoridad municipal; que lo sabían, lo permitieron y lo toleraron. Hay pruebas que indican que el día de los hechos estuvieron (los soldados) presentes en el lugar, y estos dos elementos son suficientes para abrir una línea de investigación”.

También se pidió una revisión a los cuarteles militares, como se hizo en los separos de otros centros de detención en Iguala. Serán los padres de familia quienes integrarán los equipos o grupos para que se efectúe la revisión.

Agregó que “se presentaron denuncias con declaraciones de los estudiantes ante el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República, que dicen que el Ejército los retuvo el día de los hechos. También hay una declaración de un policía de apellido Bárcenas, quien declaró que había elementos del 27 batallón de infantería (de Iguala) con el grupo Guerreros Unidos y el presidente municipal (José Luis Abarca)”.

Presionan a dirigente estudiantil

Omar García, vocero de los estudiantes de Ayotzinapa, afirmó que la noche del 12 de enero, luego del desalojo en las instalaciones del 27 batallón de infantería, se internó en la clínica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Chilpancingo, debido a que recibió un fuerte golpe en la cara y los médicos le dijeron que podría perder el ojo y existía la posibilidad de que fuera necesario operarlo. Cuando lo dieron de alta, agregó, el Ministerio Público, la Policía Federal y la Estatal Acreditada me cayeron en distintos momentos para pedir mi declaración.

En Tehuantepec, Oaxaca, el Comité de Solidaridad con Ayotzinapa se integró a la búsqueda y visitó instalaciones de la Subprocuraduría de Justicia y el penal de Tehuantepec. En ambos sitios les permitieron buscar, pero no hallaron nada, señaló Óscar de Lima, del Colectivo Vientos de Cambio AC.

(Con información de Diana Manzo, corresponsal)