La pobreza y la desigualdad sustentan el modelo económico que prevalece en México e imponen a 75 por ciento de la población subsistir al límite de la supervivencia, señaló Daniel Rodríguez, académico de la Escuela Nacional de Trabajo Social (ENTS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Al ofrecer la conferencia La dimensión estructural de la pobreza y la desigualdad, que formó parte del seminario Problemática nacional actual, el especialista aseveró que la mayoría de los mexicanos viven con carencias, sin ejercer sus derechos fundamentales debido a un mercado laboral deprimido y salarios mermados, cobertura limitada o mínima de los servicios de salud y programas que legitiman políticas sociales mediocres con alta rentabilidad electoral.

Puntualizó que la coyuntura actual ejemplifica la disparidad persistente en los aspectos social, económico, de procuración de justicia y atención de demandas de la mayoría de las familias que viven en las condiciones referidas.

Mayor deuda pública y más medidas de austeridad

El académico de la ENTS señaló que a partir de 2000 el monto de la deuda pública externa aumentó a la par de la instrumentación de medidas de austeridad que afectan el bolsillo de las mayorías.

En 2015, la deuda representará una parte importante de los ingresos nacionales, lo que evidencia un mal manejo de las finanzas públicas y agudiza la desigualdad y carencias.

Además, refirió, los programas de combate a la pobreza tienen alcance limitado, crean estructuras sociales dependientes, eliminan la capacidad de autogestión de las comunidades más desfavorecidas y ocultan problemáticas reales como el despojo de tierras y la pérdida de empleos. Mantener a 75 por ciento de su población en condiciones de supervivencia en un régimen no democrático tiene alta rentabilidad política, agregó.

Para el universitario, México no ofrece propuestas públicas para modificar esta situación y, en cambio, se ocultan las raíces de la riqueza extrema de unos cuantos.

Rodríguez finalizó su participación asegurando que en el modelo económico que se aplica en el país se limitan al esfuerzo individual las posibilidades de superación del regazo y las carencias, problemas sociales que deben atenderse con un enfoque de derechos humanos.