La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) decidió reclasificar el expediente del caso Tlatlaya como investigación de violaciones graves a derechos humanos, con el propósito de que las autoridades a las que fue dirigida la recomendación 51/2014 tomen en cuenta este hecho en las acciones que implementen para dar cumplimiento a la misma.

El ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, ordenó notificar esa situación a las víctimas, al secretario de la Defensa Nacional, al procurador general de la República y al gobernador del estado de México.

Dicha reclasificación tiene como fundamento los artículos primero, párrafos primero, segundo y tercero; 102, apartado B, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y sexto, fracción 15, de la Ley de la CNDH.

En un comunicado, la comisión manifestó que desde el primer momento que supo –por conducto de los medios de información– de los hechos ocurridos el 30 de junio del año pasado en la comunidad de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, estado de México, conformó un equipo de trabajo para investigar el caso.

Como se recordará, el 11 de julio del año pasado la comisión inició de oficio el expediente CNDH/2/2014/5390/Q, que dio origen a la recomendación 51/2014, emitida el 21 de octubre de 2014 y dirigida a las autoridades mencionadas.

En ella se acreditaron hechos violatorios de las garantías básicas, consistentes en privación arbitraria de la vida, uso arbitrario de la fuerza, tortura y tratos inhumanos, así como actos violatorios de los derechos a la verdad y al acceso a la justicia.

De acuerdo con la investigación de la CNDH –en ese entonces dirigida por Raúl Plascencia Villanueva–, ocho elementos del Ejército asesinaron al menos a 15 de las 22 personas que perdieron la vida en Tlatlaya, estado de México, entre ellas dos menores de edad.

El organismo explicó que, aunque hubo un enfrentamiento entre los soldados y una veintena de presuntos delincuentes por alrededor de 10 minutos, después los militares privaron ilegalmente de la vida a varios sospechosos cuando éstos ya se habían rendido y estaban desarmados.

Por todo ello la CNDH emitió la recomendación 51/2014, en la cual pide al Ejército que repare el daño a las víctimas, incluida una indemnización a sus familiares. A la Procuraduría General de la República y al gobierno mexiquense les pide acelerar las investigaciones sobre el tema, para seguir deslindando responsabilidades y capacitar a las autoridades encargadas de indagar esos casos.

En su momento, diversas organizaciones de la sociedad civil consideraron que Plascencia había emitido esa recomendación con el único objetivo de posicionarse para lograr la relección en el cargo de ombudsman, lo cual finalmente no ocurrió.