En votación dividida (cinco a cuatro), el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó ayer la separación del cargo y consignación penal de Jesús Aguirre Maldonado y Alfonso Macías Oyarzábal, ex subdelegado y ex delegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) en Nuevo León, por cumplir de manera extemporánea con una sentencia de amparo que los obligaba a corregir el pago de pensión a un trabajador jubilado, que databa de 2011.

La mayoría consideró que si bien los funcionarios cumplieron con la sentencia dictada por un juez federal, en el sentido de pagar la cantidad exigida por Hugo González Esquivel y ordenaron que se entregara al quejoso la cantidad de 62 mil 630 pesos, el cumplimiento fue extemporáneo e injustificado.

El proyecto elaborado por el ministro José Ramón Cossío (apoyado por el presidente Luis María Aguilar Morales y sus compañeros Jorge Pardo Rebolledo, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena) estableció que los funcionarios tardaron injustificadamente un año, del 7 de mayo de 2013 –fecha en que el juez de distrito emitió el requerimiento para el cumplimiento de la sentencia– hasta el 30 de abril de 2014, cuando éste la dio por cumplida.

Olga Sánchez Cordero –quien votó contra la decisión, junto con Margarita Luna Ramos, Fernando Franco González Salas y Alberto Gelacio Pérez Dayán– señaló que no había razón para que la Corte consignara penalmente a los ex funcionarios, ya que cumplieron finalmente con el amparo y no habían incurrido en una actitud contumaz para evitar la ejecución de la decisión judicial.

Sin embargo, la Suprema Corte decidió consignar directamente a Aguirre Maldonado y Macías Oyarzábal ante un juez de distrito en procesos penales federales en el estado de Nuevo León, para que los acusados sean juzgados y sancionados por la desobediencia y el delito de abuso de autoridad.