Grupo Higa, la empresa ligada al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y que le ha vendido residencias a la esposa del presidente Enrique Peña Nieto, Angélica Rivera, así como al secretario de Hacienda, Luis Videgaray, podrá volver a participar en la licitación para construir el tren de alta velocidad México-Querétaro, ya que no existe ninguna sanción en contra de ella ni de las demás empresas del consorcio, anunció el secretario de la Función Pública, Julián Olivas Ugalde.

En una conferencia de prensa donde se detalló el convenio Fomento de la integridad, transparencia y buenas prácticas, firmado el viernes 9 de enero entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, Olivas Ugalde indicó que hasta hoy no hay sanción en contra de las empresas que participaron en el anterior proceso de licitación, que fue cancelado el pasado noviembre.

El consorcio que había ganado la licitación estaba integrado por tres empresas mexicanas, (entre ellas Constructora Teya, de Juan Armando Hinojosa Cantú), dos compañías chinas y una francesa.

Sin embargo, tres días después de que se anunció al ganador, el proceso se canceló de manera sorpresiva el 6 de noviembre, poco antes de la difusión de un reportaje donde se documentó que el dueño de Constructora Teya lo era también de Grupo Higa, el cual edificó obras millonarias para el estado de México durante la administración del ahora presidente Enrique Peña Nieto, alquiló aeronaves al PRI para la campaña presidencial de 2012 y construyó una casa en las Lomas de Chapultepec para el mandatario y su esposa.

El diario The Wall Street Journal documentó que también el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, había comprado a Grupo Higa una casa en un club de golf en Malinalco, estado de México, en octubre de 2012, un mes antes de asumir su cargo.

A finales de diciembre, durante una reunión de trabajo con la comisión especial del tren rápido en la Cámara de Diputados, el titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, dijo que Grupo Higa quizá no estaba imposibilitado de manera legal para volver a participar en el proceso, pero opinó que sí lo estaba desde el punto de vista de la opinión pública.

En la conferencia de este lunes Julián Olivas explicó que para inhabilitar una empresa que haya incurrido en alguna conducta irregular, la SCT realiza una investigación, y si aplica alguna sanción debe ser publicada en el Diario Oficial de la Federación.

Luego del escándalo por las dudas acerca del procedimiento, el viernes pasado el propio Ruiz Esparza le pidió a la OCDE que supervisara el proceso de licitación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el del tren México-Querétaro, a fin de hacerlo transparente ante la opinión pública.

Durante el acto realizado este lunes en las instalaciones del Club Naval, el vocero de la Presidencia de la República, Eduardo Sánchez Hernández, dijo que mediante las mejores prácticas internacionales se garantizará la participación de muchas empresas en los procesos de contratación, para que la información sobre el uso del dinero esté siempre al alcance de cualquier ciudadano.

A su vez, la subsecretaria de Transporte Yuriria Mascott, y el director general del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, Manuel Ángel Núñez Soto, aseguraron que ambas obras serán las más importantes de la presente administración, y se convertirán en el modelo a seguir respecto de la forma transparente y clara con que deben ejercerse los recursos.

El vocero Eduardo Sánchez dijo que el proyecto del AICM implicará una inversión superior a 120 mil millones de pesos, pero se convertirá en la unidad productiva que más empleos generará este año (160 mil entre directos e indirectos) para cientos de empresas y miles de obreros, electricistas, plomeros, transportistas, arquitectos, ingenieros y comerciantes.

El secretario Olivas Ugalde dijo que además de la participación de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, la SFP designó como testigos sociales a Transparencia Mexicana y a la Academia de Ingeniería.

Mientras, la subsecretaria Mascott Pérez indicó que desde el comienzo de la administración se han implementado medidas de transparencia en los procesos de contratación y ejecución de los principales proyectos, bajo las que se han realizado 6 mil 461 licitaciones y suscrito contratos con más de 3 mil 400 empresas, por un monto superior a 220 mil millones de pesos.