En los pasados cuatro años, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) consignó ante la Procuraduría General de la República (PGR) a 13 juzgadores federales (siete jueces y seis magistrados) y a un secretario en funciones de juez por delitos como operación con recursos de procedencia ilícita, concesión de permisos y suspensiones irregulares a casinos y casas de apuesta, permisos ilícitos para que ingresaran al país autos chocolate, hostigamiento sexual e incluso por notoria ineptitud en el desempeño de sus labores.

Las demandas presentadas durante la administración del ministro Juan N. Silva Meza, cuya copia tiene La Jornada, fueron presentadas directamente por la secretaría ejecutiva del pleno de la presidencia del CJF ante la oficina del procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, e incluyen documentación aportada por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y sus propias pesquisas.

El 12 de mayo de 2014 el CJF denunció a Ricardo Hiram Barbosa Alanís, ex juez en Nuevo León, y a su secretario, Esiquio Martínez Hernández, quien posteriormente, en funciones de juzgador, otorgó suspensiones definitivas a casas de apuestas, entre ellas Entretenimiento de México SA de CV, Atracciones y Emociones Vallarta SA de CV y las Cervezas Modelo de Nuevo León SA de CV.

Además, a Barbosa le fueron detectados depósitos y abonos con origen desconocido por 5 millones 123 mil 555 pesos.

Esiquio Martínez Hernández, ya en funciones de juez, fue acusado el 27 de enero de 2011 por no acreditar la legalidad de operaciones bancarias por 14 millones 880 mil pesos en sus declaraciones patrimoniales; además de recibir depósitos bancarios injustificados por 4 millones 279 mil pesos.

El ex juez Álvaro Tobilla León es investigado por recibir presuntamente dinero de litigantes para obtener resoluciones favorables y por no acreditar el origen legítimo de 50 millones 707 mil pesos.

Notoria ineptitud

José Guadalupe Luna Altamirano, magistrado suspendido del tercer tribunal unitario de materia penal del primer circuito, es investigado por los presuntos delitos de lavado de dinero y contra la administración de justicia. Así como por falta de profesionalismo, imparcialidad, notoria ineptitud y descuido en el trámite de diversos juicios de amparo; además, por no justificar ingresos por 2 millones 705 mil pesos, realizar transferencias bancarias sospechosas por 8 millones 469 mil pesos y adquirir una residencia con valor de casi 5 millones de pesos, la cual no incluyó en sus declaraciones patrimoniales.

Jorge Figueroa Cacho, quien fuera magistrado, fue acusado porque mediante las empresas Eurogold y Metal Fino SG de Occidente, de la cual era socio, realizó operaciones bancarias inusuales por 6 millones 175 mil pesos, así como movimientos de origen presuntamente ilegítimo por 50 millones 449 mil dólares. Montos que no incluyó en sus declaraciones patrimoniales.

José Neals André Nalda, ex juez de distrito, y Juan Manuel Serratos García, magistrado de circuito, fueron acusados por otorgar suspensiones ilegales para el trámite e internación de autos chocolate al país y por tener ingresos injustificados (un millón 742 mil pesos) y la adquisición sospechosa al contado de dos vehículos con valor de 742 mil pesos.

A Alfonso Javier Flores Padilla, ex juez, le detectaron viajes frecuentes al extranjero, la posesión de dos autos BMW con valor cercano a 2 millones de pesos y la compra de casas que superan 14 millones de pesos en total.

Rafael Zamudio Arias, ex magistrado, fue acusado de acoso sexual (por seis subordinadas), enriquecimiento ilícito, operaciones con recursos de procedencia ilegal y contra la administración de la justicia. El CJF detectó movimientos extra en sus percepciones por 4 millones 697 mil 663 pesos.

A Efraín Cázares López, quien fue juez de distrito, se le persigue por presuntos delitos contra la administración de justicia cuando encabezó un juzgado en Morelia, Michoacán.

Luis Armando Jerezano Treviño, anterior juez de distrito, es investigado por la presunta concesión ilícita de permisos a las empresas permisionarias de casinos Atracciones y Emociones Vallarta SA de CV, que operaba 41 centros de apuestas remotas, incluido el Casino Royale, en Monterrey, en el que 52 personas perdieron la vida el 25 de agosto de 2011.

Jerezano no justificó ingresos “adicionales por 3 millones 518 mil pesos, por operaciones sospechosas superiores a 3 millones 650 mil pesos y por abonar a la cuenta bancaria de su suegra, Thelma Guadalupe Treviño Clemente, 4 millones 150 mil pesos. También adquirió inmuebles por 13 millones de pesos.

El CJF denunció además a los magistrados Eduardo Ochoa Torres y José Manuel Rodríguez Puerto, así como al juez Javier Rubén Lozano Martínez, el 5 de mayo de 2014, por diversas irregularidades en su desempeño.