Mexicali, BC.

En respuesta a la decisión del ayuntamiento de esta capital de cancelar la primera boda gay programada en la entidad, el presidente del Consejo Estatal de la Diversidad Sexual de Baja California, Armando Rodríguez Salazar, amenazó con dar a conocer una lista de funcionarios, políticos y sacerdotes católicos que tienen preferencias homosexuales.

El consejo, que agrupa a la comunidad lésbica-gay del estado, se dijo cansado de que no se respeten las libertades de este sector. Estamos contemplando crear una lista de políticos y religiosos de todos los niveles de gobierno, donde daremos a conocer sus preferencias sexuales. Las conocemos porque acudimos a las mismas reuniones y algunos son nuestros amigos, dijo Rodríguez Salazar.

Las autoridades de Mexicali incumplieron una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al suspender el primer matrimonio entre personas del mismo sexo en Baja California.

La unión de Víctor Manuel Aguirre Espinoza y Víctor Fernando Urías Amparo se programó para el 10 de enero, después de dos intentos que fracasaron porque personal del Registro Civil y de la secretaría el ayuntamiento pretextaron supuestas inconsistencias en los documentos de los contrayentes y de sus testigos.

El 9 de enero la boda volvió a suspenderse luego que a las 17:50 horas la oficial del Registro Civil recibió una denuncia de impedimento. Se determinó suspender el enlace hasta que el juez de primera instancia emita una resolución.

La denuncia de impedimento fue presentada por la presidenta del consejo directivo y apoderada legal de la Coalición de Familias de Baja California, Angélica González Sánchez, encargada de ofrecer las pláticas prematrimoniales, quien pidió que en el examen médico que se aplica a las parejas se practicara a los solicitantes un estudio sicológico.

El Código Civil de Baja California estipula en su artículo 106 que si se denuncia un impedimento el matrimonio no podrá celebrarse aunque el denunciante se desista, mientras no recaiga sentencia judicial que declare su inexistencia o se obtenga dispensa.

El ayuntamiento adujo que carece de facultades para resolver la procedencia del impedimento.

Los afectados informaron que presentaron un recurso de inejecución de sentencia contra el alcalde panista Jaime Díaz Ochoa ante un tribunal colegiado del Poder Judicial de la Federación, que tiene tres días para resolver y canalizarlo a la SCJN que, a su vez, deberá emitir su resolución en 72 horas.