Culiacán, Sin.

Empresas de Olegario Vázquez Raña y del constructor Hipólito Gerard Rivero, cuñado del ex presidente Carlos Salinas de Gortari, ganaron las licitaciones para la construcción de dos hospitales generales en los municipios de Culiacán y Mazatlán; sin embargo, la asignación de recursos está atorada en el Congreso del estado.

La licitación se realizó en mayo pasado y los legisladores discuten la propuesta enviada por el gobernador Mario López Valdez para asignar a las compañías, en garantía de pago, hasta 25 por ciento del fondo de aportaciones para el fortalecimiento de las entidades federativas (Faffe).

GIA, propiedad de Hipólito Gerard Rivera, ganó la licitación EA-925006998-N54-2013 para operar y dar mantenimiento Al hospital Doctor Martiniano Carvajal, en Mazatlán, por el cual recibirá 239 millones de pesos anuales (19 millones más de lo aprobado por los diputados para esta obra); así, en 25 años se le pagarán al menos 5 mil 975 millones de pesos.

La otra firma favorecida es el Grupo Empresarial Ángeles, cuyo principal accionista es Olegario Vázquez Raña, empresario de los sectores de la salud, financiero, turístico y de medios de comunicación, entre otros negocios. Dicho consorcio ganó la licitación EA-925006998-N53-2013 para la edificación del hospital Bernardo Gastélum, en esta capital.

Recibirá unos 347 millones de pesos al año, y por lo menos 8 mil 675 millones en 25 años.

Se pondría en peligro gasto social y pensiones, alertan

Algunos legisladores, secundados por dirigentes de organismos empresariales, entre ellos la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), y otras organizaciones ciudadanas, han criticado la licitación.

Señalan que la iniciativa presentada por el gobierno estatal al Congreso el 30 de julio pretende modificar los decretos 976 y 977 para asignar en garantía de pago hasta 25 por ciento del Faffe, lo que consideran innecesario y discrecional, además de que afectaría el presupuesto para programas sociales, pensiones, jubilaciones y deuda pública.

La diputada Sandra Lara, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), afirmó que la administración estatal pretende asumir los riesgos que deriven de la construcción y operación de los hospitales generales de Culiacán y Mazatlán, y exentar así a las empresas.

Señaló que el artículo 111 de la Ley de Contratos Públicos-Privados del Estado impide que el gobierno estatal asuma los riesgos que corresponden al proveedor: Ninguna modificación deberá implicar transferencias de riesgos del desarrollador (el provedor) a la contratante (el gobierno), en términos distintos a los pactados en el contrato original. El mandatario planteó que el gobierno estatal asuma los riesgos de la inversión de los constructores privados.

Según la legisladora perredista Imelda Castro, el gobernador pretende entregar los recursos federales en garantía del crédito que solicitarán las empresas privadas al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras).

Mariano Gómez, presidente de Coparmex en la entidad, aseguró que este esquema es abusivo y nocivo para las finanzas estatales y perjudica a los ciudadanos. Las presiones de los diputados y dirigentes empresariales y sociales motivaron que los diputados –la mayoría de los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional– aplazarán la discusión de este dictamen, que está en comisiones y podría ser turnado al pleno este mes.