Bilbao.

Bajo el lema Los presos vascos al País Vasco ahora, decenas de miles de personas se manifestaron el sábado en Bilbao, norte de España, para reclamar el traslado de los reos del grupo independentista ETA de las cárceles de Francia y el resto de España a prisiones cercanas a sus hogares.

Todos juntos conseguiremos ponerle fin a todas las violaciones que sufren los derechos de los presos y presas y su entorno más cercano, comenzando por la dispersión, afirmaba Sare, grupo de apoyo a los miembros encarcelados de la organización vasca, surgida en junio tras el desmantelamiento en septiembre de 2013 del grupo de apoyo a los presos Herrira.

Convocada todos los años a principios de enero, la marcha de apoyo a los presos etarras fue prohibida por la justicia española en 2014, por lo cual se organizó otra manifestación con el lema Derechos humanos, acuerdo, paz, a la que se unieron los nacionalistas del PNV, que gobiernan en la región.

Debilitada por los golpes policiales de años recientes, ETA anunció en octubre de 2011 el cese definitivo de su actividad armada, pero sin disolverse, como le exige el gobierno español. La mayoría de sus integrantes están en prisión, unos 460 actualmente, dispersos por cárceles de España y Francia.

El acercamiento de sus reclusos al País Vasco es una reivindicación histórica de ETA, considerada responsable de unas 829 muertes en más de 40 años de atentados por la independencia de la región.

Por otro lado, 35 miembros o presuntos dirigentes de Batasuna –partido ilegalizado en España en 2003, por ser considerado brazo político de ETA–, entre ellos dirigentes históricos como Pernando Barrena o Juan José Petrikorena, serán juzgados a partir de este lunes en Madrid.

La justicia les imputa actividades políticas, bajo la etiqueta de Batasuna. La fiscalía alude a decenas de reuniones, llamadas, ruedas de prensa y documentos que prueban, según ella, que actuaban en nombre del partido ilegalizado.

Los dirigentes del entramado crearon una sucesión de partidos políticos, agrupaciones e instituciones, con la finalidad de perpetuar la estrategia diseñada por ETA, asegura la acusación.

Los hechos que se imputan a los 35 acusados, algunos de los cuales se remontan a 2005, implican, en opinión de la fiscalía, pertenencia a una organización terrorista y pueden representar su condena a 10 años de cárcel y la prohibición de ejercer cargos públicos durante al menos 10 años.