El Instituto Nacional Electoral (INE) tiene un plan B para aplicar el sistema de fiscalización en línea en caso de que Scytl, la empresa catalana contratada para ese fin, no cumpla con los plazos fijados.

Representantes partidistas comentaron que el presidente del INE, Lorenzo Córdova, reconoció que hay preocupación de que se presente esa situación, por lo que habló con el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Narro, para poder aplicar el sistema desde ese órganismo, con respaldo de dicha institución educativa o de alguna otra.

José Antonio Hernández Fraguas, representante del PRI ante el INE, indicó que en la comida se les informó que no hay incumplimiento de la empresa, pero el mismo personal de sistemas del instituto previó que podría darse esta situación.

Detectó que no hay los avances esperados en algunos procesos, aunque el plazo para la entrega final vence a principios de marzo.

Sin embargo, comentó que a decir del secretario ejecutivo, Edmundo Molina, hay confianza en que la empresa, que tiene presencia internacional, cumpla con lo establecido y entregue el sistema para las campañas electorales.

En septiembre, el INE adjudicó a Scytl un contrato por más de 61 millones de pesos para fiscalizar a los partidos en tiempo real, una de las principales innovaciones de la reforma política.

Francisco Gárate, representante del PAN, propuso incluso en la reunión que podrían recurrir al Tec de Monterrey, que cuenta con amplia experiencia en ese ámbito.

Luego, en entrevista, el panista consideró importante que el instituto electoral informe con transparencia los términos del contrato con dicha firma, para evitar que esta situación sea pretexto para delegar la fiscalización a los Organismos Públicos Locales, lo cual contraviene la reforma política.

El sistema de fiscalización plantea que los partidos políticos informen en tiempo real sobre sus gastos y facturas al INE, y éste podrá revisar sus cuentas para considerarlas en la calificación de la elección, y de esa manera no repetir historias de elecciones pasadas, en las que se fiscalizó y sancionó a los partidos uno o dos años después.