Washington.

La Cámara de Representantes aprobó este miércoles una legislación que permite renovar un programa federal que apoya el mercado de seguros privados contra ataques terroristas. La votación de 416 contra cinco renueva el programa de seguros por riesgo terrorista del gobierno, que es un respaldo en el que éste se encarga de cubrir la mayoría de las pérdidas cuando se presenta un ataque terrorista de grandes proporciones. Esa garantía ha hecho que compañías privadas estén más dispuestas a elaborar pólizas que cubran atentados contra intereses estadunidenses. Se espera que el Senado apruebe la medida en breve.

La legislación reduciría la exposición del gobierno al aumentar gradualmente el umbral en el que el programa comienza a cubrir afectaciones causadas por ataques terroristas por 200 millones de dólares en pérdidas, cuando antes estaba en 100 millones. La parte cubierta por el gobierno por pérdidas catastróficas se reduciría gradualmente de 85 a 80 por ciento.

El programa fue puesto en práctica en 2002, luego de que el mercado de seguros por ataques en suelo estadunidense se derrumbó en el contexto de los ataques del 11 de septiembre de 2001. Se le diseñó originalmente para operar en forma temporal, pero su objetivo de revivir el mercado privado de seguros no se alcanzó. El gobierno no ha hecho pago alguno de acuerdo con esta ley.

La legislación es importante para sectores económicos como la construcción, bienes raíces, hotelería e importantes ligas deportivas, que temen el aumento de costos si el programa expira y las fianzas se elevan exponencialmente o el mercado de seguros contra terrorismo se derrumba.

La medida también incluye legislación no relacionada que pretende proteger a empresas que usan instrumentos financieros llamados derivados para cubrirse contra riesgos asociados a elevados requerimientos marginales de acuerdo con las regulaciones de la Ley de Reforma de Wall Street y Protección al Consumidor Dodd-Frank. Esos sectores, entre los que se encuentran granjeros, aerolíneas y manufactureras, ya están protegidos en los términos de la ley y las regulaciones de seguimiento, pero a esos usuarios finales de derivados les preocupa que pudieran quedar atrapados por regulaciones futuras.