El Ministerio Público Federal ha solicitado información al gobierno de Estados Unidos en torno a la presencia en ese país de Rafael Antonio Olvera Amezcua, el accionista mayoritario de la sociedad financiera popular Ficrea.

Luego de que el Ministerio Público Federal obtuvo varias órdenes de aprehensión (que no han sido dadas a conocer en su totalidad, pero ya se informó que una de ellas corresponde a Olvera Amezcua), la Procuraduría General de la República (PGR) ya ha solicitado información al gobierno estadunidense para localizar y detener al empresario, el cual supuestamente salió a mediados de noviembre de territorio mexicano e ingresó con visa vigente a ese país, señalaron funcionarios que laboran en la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

La investigación realizada por Eduardo Cruz, el coordinador general de esa unidad, ya ha asegurado cuentas y propiedades a nombre de Ficrea y particularmente a nombre de Rafael Antonio Olvera, a fin de que las autoridades financieras cuenten con recursos para pagar a los clientes que fueron defraudados.

Los funcionarios consultados señalaron que la PGR solicitará el apoyo de Interpol a fin de que se extienda la búsqueda del accionista mayoritario de Ficrea, quien mediante acuerdos financieros triangulaba recursos de esa institución a compañías en Estados Unidos.

En tanto, durante una entrevista televisiva, el vicepresidente jurídico de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Edgar Bonilla del Ángel, informó que investigarán las solicitudes presentadas por ahorradores que exigen la devolución de sus ahorros, porque se ha detectado que algunos documentos son falsos.

Expansión turbia

La Comisión Permanente acordó citar ante comisiones a los presidentes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Jaime González Aguadé, y de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), Mario Di Costanzo, así como el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, Alberto Bazbaz, para explicar por qué no evitaron el fraude a los ahorradores de Ficrea.

En tribuna la senadora Dolores Padierna (PRD) exigió la renuncia de los tres funcionarios porque, señaló, permitieron la expansión turbia de Ficrea y que el principal socio, Rafael Antonio Olvera, desviara 2 mil 700 millones de pesos para comprar edificios en Londres, residencias en Malinalco, 52 inmuebles en Miami y Madrid; y yates y colecciones de autos.

A pesar de que se consumó el fraude, la diputada Eulalia Quiñones (PRI) afirmó que la intervención en contra de las operaciones ilícitas de Ficrea permitió poner un alto a la conducta fraudulenta de sus operadores y puso freno al deterioro de sus activos con miras a resarcir el daño de la mejor manera posible.

Lamentablemente, reconoció, parte del dinero de los ahorradores fue malversada y constituye un delito que será investigado, perseguido y castigado.

Durante la lectura del punto de acuerdo para citar a los tres funcionarios, el diputado Trinidad Secundino Morales (PRD) afirmó que las causas que originaron la liquidación de Ficrea se alojan en actos de negligencia de la CNBV, que no detectó a tiempo las irregularidades financieras en las que durante muchos años incurrió esa sociedad financiera.

Genera suspicacia, agregó, que en días previos a la intervención gerencial a Ficrea fueron extraídos más de 470 millones de pesos de la caja y de Leadman Trade, hechos que exhiben presuntos actos de corrupción en los que podrían estar involucrados funcionarios de inteligencia financiera de Hacienda y de la Procuraduría General de la República.