esde que los padres y madres de los 43 estudiantes desparecidos exigieron que se investigara al Ejército Mexicano por su complicidad con los perpetradores de los crímenes del 26 y 27 de septiembre y por su actuación nefasta contra los estudiantes que fueron agredidos a balazos por policías municipales, las autoridades federales dejaron de mostrarse tan solícitas para responder positivamente a los planteamientos de los familiares directos.

En un primer momento los padres demandaron la entrada a las instalaciones militares para corroborar si en esos lugares se encontraban retenidos sus hijos. La respuesta se postergó por varias reuniones, pretextando que tenían que consultar al más alto nivel. Las autoridades se escabullían diciendo no creemos que haya problema, pero déjennos ver cómo le podemos hacer para que entren. La respuesta final que obtuvieron del gobierno federal fue: sólo será posible con un número reducido de padres, totalmente discreta, sin presencia de los medios y sin acompañamiento de estudiantes, organizaciones sociales y abogados.

Desde el viernes 28 de noviembre, cuando los padres y madres se reunieron en el hangar de la PGR de Chilpancingo, se vislumbraron reticencias de Luis Miranda, subsecretario de Gobernación, para facilitar el acceso a los cuarteles militares. Escuchó la solicitud de los padres y de forma seca reiteró que tenía que ser un número reducido, enfatizando que previamente requería los nombre de los padres que entrarían. Añadió que estarían presentes un agente del Ministerio Público y un visitador de la CNDH. Sin embargo, no se acordó alguna fecha para estas visitas, ni se vio cómo se implementaría el mecanismo para garantizar su ingreso. Todo quedó en el aire.

A escasos cinco días de que los padres de familia insistieran en su ingreso a los cuarteles militares de Guerrero, se dio el cambio de mandos en la 35 Zona Militar de Chilpancingo, el 3 de diciembre, y el 5 de diciembre en el 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala. Junto con estos cambios se inicia el operativo federal denominado Tierra Caliente, con el cual la Federación asume el control policiaco y militar de 36 municipios de Michoacán, estado de México, Morelos y Guerrero. Con este anuncio se incrementa el número de efectivos militares, de la Marina, PGR y elementos del Cisen para Guerrero, sin que tenga un impacto favorable en cuanto al número de asesintos y secuestros que se siguen dando en la Tierra Caliente del estado.

Una vez que se hicieron estos ajustes entre los mandos militares de Guerrero y se enviaba más tropa al estado, en la ciudad de México, en las instalaciones de la PGR, el procurador dijo a los padres y madres de familia, en presencia del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, que también se estaba investigando a algunos miembros del Ejército. Esto quedó en un mero anuncio sin consecuencias.

Por su parte, el presidente Enrique Peña Nieto, después de anunciar sus 10 acciones para hacer frente a la tragedia de Iguala, planteó que es necesario superar la etapa del dolor, para darle la vuelta a la página de las manifestaciones y protestas. Este acto fue el preludio del anuncio de la nueva fase en la que el gobierno federal hará valer la ley utilizando la fuerza.

Para la PGR la identificación de uno de los restos óseos que fueron enviados a Innsbruck, Austria, que corresponde a Alexander Mora Venancio, confirma que los restos encontrados en una de las escenas coincide con la evidencia de la investigación y con la declaración ministerial de los detenidos, es decir, que se fortalece su teoría de que los normalistas fueron incinerados en el basurero de Cocula. Este dato ha dado pie para que el procurador refuerce su postura en torno a su línea de investigación y no le dé importancia a los planteamientos que los familiares han hecho, en cuanto al involucramiento de otras autoridades de nivel federal, como militares y policías federales. El mismo equipo argentino de antropología forense hizo pública su postura de que no había suficiente certidumbre científica o evidencia física de que los restos recuperados en el río San Juan correspondieran a los que se retiraron en el basurero de Cocula.

Las protestas de los familiares y el malestar de vastos sectores de la población sobre esta línea de investigación que busca focalizarla al ámbito municipal y centrarla en una banda del crimen organizado, hizo saltar las trancas de la disciplina castrense al titular de la Secretaría de Marina, el almirante Vidal Francisco Soberón, quien lamentó que grupos o personas manipulen a los padres de los normalistas de Ayotzinapa y lucren con su dolor para alcanzar objetivos individuales o de grupo.

Esta defensa irascible nos muestra cuán grave está la situación entre el mismo gabinete y a lo que están dispuestas a actuar las autoridades castrenses para no permitir que se les investigue. El mismo procurador ha tenido que salir en defensa de las autoridades militares al banalizar esta línea de investigación y comentar con indiferencia que es un “sinsentido involucrar al Ejército y a la Policía Federal… No es cierto, absolutamente no es cierto, este señalamiento. Son aseveraciones sin fundamento”. Esta cerrazón de las autoridades federales a investigar al Ejército ha llevado a momentos muy tensos y críticos, sobre todo por la forma como ha desplegado sus tropas el Ejército y se ha apostado en los municipios de Ayutla y Tecoanapa, para confrontarse con la población y desencadenar una acción de fuerza que desemboque en hechos de violencia.

A más de 100 días de la desaparición de los 43 estudiantes los padres y madres de familia no han encontrado la respuesta que esperaban de localizar a sus hijos con vida. Han experimentado todo lo contrario, han constatado que las mismas autoridades se han vuelto contra ellos y ellas; que han ignorado sus planteamientos y los mismos compromisos que firmaron, y que ahora han puesto como parapeto al Ejército, a la Marina y a la Policía Federal para que se encarguen de imponer el orden a su estilo.

A pesar de los peligros que se ciernen en todos los frentes, los padres y madres no sucumbirán. Hay que romper ese silencio cómplice y sepulcral de las autoridades que se niegan a investigar a quienes teniendo la fuerza y el mandato de defender a los estudiantes que estaban siendo agredidos se coludieron con los criminales.

* Director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. Versión reducida de un texto más amplio.