xisten suficientes ele­mentos externos para dar contexto a las penurias económicas que ya afectan a la administración peñista pero, más específicamente, a una sociedad que observa con aliento contenido la devaluación del peso, caídas en la Bolsa Mexicana de Valores, disminución escandalosa del precio del barril del petróleo y crecimiento económico mínimo.

El entendimiento global de las consecuencias locales (lo más reciente, la Grecia amenazada de expulsión de la zona euro, si el próximo 25 decide en urnas dar un giro a la izquierda y busca la renegociación o el incumplimiento de obligaciones comunitarias) se desdibuja en México por la creciente convicción social de que la administración peñista pareciera no valorar a plenitud lo que sucede a su alrededor y que no es capaz de diseñar un plan viable para enfrentar la descomposición económica en curso. En lo político, Los Pinos se mantiene en un pasmo difícilmente explicable ante el caso Iguala, con el principal vocero del grupo en el poder, Enrique Peña Nieto, aferrado a guiones escleróticos, redundantes y contraproducentes, como el leído la noche de este domingo a propósito del Año Nuevo.

Y en lo económico, el presunto cerebro del bando mexiquense, Luis Videgaray, sigue acumulando puntos negativos, con una reforma fiscal que ha provocado reacciones adversas en empresarios y contribuyentes en general, con un desbordado ánimo recaudatorio que no se refleja en obras y servicios gubernamentales transparentes y eficaces y, para colmo, involucrado ese mismo secretario de hacienda en el esquema de innegable conflicto de intereses al ser otro de los adquirentes en condiciones privilegiadas del catálogo de casas con tufo a soborno que en puntos claves del organigrama burocrático y afectivo de Los Pinos ha colocado el empresario Juan Carlos Hinojosa.

Ningún plan genuino de salvación de la economía nacional puede provenir de una plantilla de altos funcionarios públicos dedicados a la satisfacción de sus intereses grupales, familiares e individuales. La impunidad persistente sólo garantiza la repetición de conductas tan permitidas que parecieran parte de un manual obligatorio de operaciones con recursos públicos. Por ejemplo, el caso de la asignación tramposa de un cuantioso contrato para tender un tren ligero de la capital del país a Querétaro. A pesar de que el propio Peña Nieto descalificó el procedimiento original, no ha sido tocado ningún funcionario, mucho menos el secretario de comunicaciones y transportes, el protegido Gerardo Ruiz Esparza, miembro del cártel mexiquense de la política y los negocios. Incluso a la hora de anunciar presuntas correcciones, ese gobierno federal ha hecho saber a título autoritario, sin mostrar fundamento legal para esas palabras (fundamento que sólo podría provenir de la instauración de demandas y la sujeción a proceso penal de los funcionarios presuntamente responsables), que ahora no podrán competir por sí mismas, ni en alianza con otros grupos, las empresas locales del contratista favorito y corruptor inmobiliario, el antes citado Juan Carlos Hinojosa, ni aquella en la que participa un cuñado de Carlos Salinas de Gortari.

La combinación de factores críticos coloca a la administración peñista en una situación peligrosa, por tal coctelería en sí y, en especial, por la marcada incapacidad del grupo en el poder para diseñar propuestas y alternativas que muevan a esperanza de mejoría o de buena protección. Por otra parte, esa facción ocupante de Los Pinos ya está más concentrada en la resolución de sus necesidades electorales (destinando recursos y tiempo que deberían aplicarse a los fines gubernamentales verdaderos), convencida de que los problemas en curso no tienen una solución rápida ni aceptable pero que para enfrentar las derivaciones de esas crisis acumuladas debe fortalecer su plataforma de representatividad política y social (aumentar su mayoría en la cámara federal de diputados, conservar la mayoría de las gubernaturas en contienda aunque cediendo un par de ellas a sus aliados del PAN y el PRD), con lo que podrá desplegar en mejores condiciones formales sus artificios propagandísticos y, cuando llegue el momento, el uso de la fuerza pública contra protestas desbordadas.

Sigue el riego por goteo en el caso Iguala. A pesar del sabido y documentado papel dominante que ejerció en el gobierno municipal que encabezaba su esposo, José Luis Abarca, apenas ayer se inició el procesamiento judicial de María de los Ángeles Pineda Villa, quien fue mantenida bajo arraigo durante largas semanas y ahora ha sido consignada por la presunción de que cometió otros delitos, no específicamente los relacionados con los normalistas de Ayotzinapa. Lo que hace la administración peñista es dosificar para aparentar que se van cumpliendo etapas y se busca la justicia.

Pocas cosas rescatables van quedando luego del batidillo organizado por el peñismo en Michoacán, con grupos de autodefensa inducidos desde Bucareli, comisionados facciosos, líderes zigzagueantes en sus relaciones con los poderes estatal y federal, armamento y dinero proporcionados en varios casos por bandos criminales, y la utilización del aparato judicial para encarcelar, liberar y condicionar, según sean los expedientes en turno. La exaltación del médico Juan Manuel Mireles (figura a la que en esta columna siempre se llamó a analizar con reservas) se ha diluido sin mayores consecuencias (la defensa popular fue efímera, y la jurídica devino en candidaturas electorales, como oportunamente se advirtió aquí) y ahora otro héroe de apariencias, Hipólito Mora, enfrenta una pesada acusación que pretende mantenerlo largamente en prisión.

Y, mientras dos políticos desfondados se reúnen en Washington con la pretensión de aparentar que algo trascendente pueden hacer para solucionar sus problemas, ¡hasta mañana, con las protestas, que no cesan, por los normalistas desaparecidos y en demanda de investigaciones a fondo (que incluyan instalaciones militares y sus crematorios) y castigo a los verdaderos culpables de lo sucedido!

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