El Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4), la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) y la organización civil Bios Iguana denunciaron que el gobierno mexicano mantiene secuestrados a (casi 70) indígenas nahuas en su propio territorio, desde el pasado 30 de diciembre, en la comunidad de Zacualpan, municipio de Comala, Colima, porque un grupo ligado al Partido Revolucionario Institucional obstruye el paso al ecoparque Ojo de Agua con todo el apoyo de la policía estatal.

Exigen destituir al titular de la CDHC

La Rema exigió el retiro inmediato de los uniformados y el deslinde de responsabilidades en que incurren por acción u omisión, así como la destitución del presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Colima (CDHC), Roberto Chapula de la Mora, quien, afirmó, no defiende las garantías de la población afectada, sino que no oculta su preferencia y apoyo público a quienes ilegalmente mantienen bloqueado el libre tránsito a Ojo de Agua. Es grave para el país la colusión de los funcionarios obligados a velar los derechos humanos en actos de solapamiento, provocación y apoyo a ilegalidades y violaciones de los derechos de los pueblos indígenas.

El M4 planteó a su vez que cuando los ciudadanos se movilizan para exigir sus derechos frente a alguna instalación gubernamental, son acusados, además, de otros graves delitos, de secuestradores de funcionarios públicos. Sin embargo, la patrulla número 108 de la policía preventiva, y las unidades 1427, 1401 y 2202 de la policía estatal llevan a cabo estas acciones de manera ilegal y violando las disposiciones internacionales en materia de derechos humanos, incluso con el apoyo del mismo presidente de la CEDHC, lo que alerta a la comunidad internacional del grado de descomposición que se ejerce en el gobierno mexicano, agudizado y evidenciado con el asesinato de estado de los estudiantes normalistas de la comunidad de Ayotzinapa, Guerrero, en septiembre de 2014.

Agregó que los indígenas de Zacualpan han defendido de manera pacífica y por la vía legal el derecho a sus territorios y han definido el rumbo de su vida por medio de su asamblea legalmente constituida, en la que determinaron que sus territorios serán libres del modelo extractivo minero pese a sobornos, violencia, represión, amenazas de muerte, chantajes, presiones de todo tipo por parte de los empresarios mineros y de las autoridades municipales, estatales y federales, así como de otros funcionarios públicos de diversas dependencias.