Mandos militares, oficiales y personal de tropa de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) saturaron los juzgados federales durante los últimos tres meses de 2014 con demandas de amparo con las que pretenden impugnar un reglamento que limita los ascensos para fines del retiro, y por el momento al menos una decena de órganos jurisdiccionales han concedido suspensiones en vía de amparo a los militares, pero sólo para que la Sedena no culmine la última etapa del procedimiento, que implicaría dar de baja del servicio activo a los quejosos.

Según se desprende de una consulta a la base de datos de Internet del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), donde los jueces del país suben a la red sus acuerdos y resoluciones, juzgados del Distrito Federal, estado de México, Veracruz, Puebla, Morelos, Guerrero, Hidalgo, entre otras entidades, han admitido a trámite al menos 32 peticiones de amparo presentadas por militares de diversos rangos.

Las demandas refieren que es inconstitucional el artículo 16 del reglamento de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, expedido en mayo de 2013 por el presidente Enrique Peña Nieto. Ese ordenamiento señala que el ascenso al siguiente grado únicamente será para fines de calcular el haber de retiro o pensión del militar, pero no tendrá ningún otro efecto en el ámbito castrense.

Afectaciones

Antes de la entrada en vigor de ese artículo los militares podían retirarse con un ascenso que les permitía gozar de todos los efectos jurídicos.

Ahora, con la reforma de Peña Nieto, al no concretarse plenamente el ascenso, el militar retirado no tiene derecho a utilizar las insignias del siguiente grado, y puede recibir un trato distinto por parte de las instituciones castrenses, como por ejemplo, hospitales y casas de retiro.

La Secretaría de la Defensa argumenta que la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea sólo prevé este beneficio, con plenos efectos, para los soldados que siguen en activo.

Entre los mandos militares que han pedido amparo están los generales Carlos Mendoza Gallegos y Efraín Sánchez Velasco, este último general de brigada que aspira a retirarse como general de división.

Los abogados contratados por los militares sostienen que la ley reglamentaria viola varios artículos de la Carta Magna.

Es muy probable que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva estos amparos en definitiva.