A pesar de la crisis que se vive en Veracruz por las desapariciones forzadas que han ocurrido en dicha entidad en los años recientes, el gobierno del estado incumplió su promesa de reunirse cada 15 días con los familiares de diversas víctimas y no ha hecho avances significativos en la investigación de sus casos, denunció Lucía de los Ángeles Díaz Genao, madre de un joven desaparecido a mediados de 2013.

Una muestra de la falta de compromiso de las autoridades con las familias de los desaparecidos es la cancelación del encuentro que el procurador estatal, Luis Ángel Bravo Contreras, iba a tener con ellas hace un par de semanas, y las acusaciones de que fueron las víctimas quienes tuvieron una actitud grosera con el funcionario, lamentó Díaz Genao.

Luego de que ocurrieran varios casos de desaparición en el estado, Bravo Contreras prometió en febrero pasado que se reuniría cada 15 días con los familiares de las víctimas para rendirles cuentas del avance de las indagatorias, recordó.

Sólo nos reunimos una vez, pero después ya nada supimos de él. Ni siquiera hizo el intento de vernos otra vez; simplemente nos dejó así. No nos extraña el trato del procurador, pero si ellos van a seguir dándonos portazos, nosotros vamos a seguir insistiendo y machacando, subrayó.

Díaz Genao lamentó que el gobierno de la entidad sólo finja que está atendiendo el fenómeno de las desapariciones forzadas, cuando en realidad no existe la infraestructura legal mínima para recibir una denuncia, investigarla con seriedad y buscar con vida a los desaparecidos, ni hay voluntad de sus funcionarios para realizar esta labor.

El gobernador se da ínfulas por haber creado una fiscalía especializada, pero no tienen mecánica alguna para buscar a los ausentes, que se cuentan por miles y cada vez son más. No hay base de datos de ADN o a veces ni siquiera te reciben la denuncia. Te vas a pueblos chiquitos y recónditos y no tienen acceso a lápiz y papel. Hay un desorden gigantesco, deploró.

Aunque el problema de las desapariciones forzadas en Veracruz ha llegado a los límites de una emergencia humanitaria, no existe autoridad que pueda investigar y resolver estos casos, dijo. Hay un atraso pasmoso en los estados. Nadie sabe nada y la política oficial es ocultar. No hay tecnología, investigadores ni recursos.

Un ejemplo de ello, lamentó Díaz Genao, es el caso de su propio hijo, Luis Guillermo Lagunes, quien empezó a ser víctima de extorsión cuando montó su negocio como disc jockey, hasta que un día fue desaparecido tras acudir a un trabajo a finales de junio de 2013.

“Era el DJ personal del gobernador y su amigo, pero ni eso me sirvió. Nos pasamos insistiéndole al banco para que nos dieran su estado de cuenta y ver si se habían hecho retiros. También pedimos los videos de las cámaras por donde estuvo, y pasaron ocho meses antes de que nos los dieran”, afirmó la mujer, quien no ha vuelto a saber de su hijo desde entonces.

Cuando vino a México, lo primero que Salil Shetty (secretario general de Amnistía Internacional) recomendó a Enrique Peña Nieto fue que admitiera el problema de las desapariciones, pero si no cumple eso, de ahí en adelante no se puede avanzar. El gobierno tiene que asumir esta realidad y dejar de lado el ocultamiento, enfatizó.