El Senado empezó 2015 con una abultada agenda que incluye los pendientes del pasado periodo de sesiones, entre ellos tres iniciativas del Poder Ejecutivo, dos de las cuales se derivan del llamado decálogo para combatir la violencia y la inseguridad, que no pudieron aprobarse porque PAN y PRD discrepan de su contenido.

Aunque el PRI hizo todo lo posible para lograr que se votara la reforma constitucional que crea el mando único policiaco y permite al gobierno federal desaparecer municipios que se crea están infiltrados por el crimen organizado, panistas y perredistas se opusieron a ello, así como a la ley orgánica de la Fiscalía General de la Federación. Esta última posibilitaría que el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, quede al frente del nuevo órgano hasta 2023.

En el último período de 2014, según comentó el coordinador perredista, Miguel Barbosa, no hubo nada para nadie, ya que el tricolor se quedó sin las modificaciones que había prometido al presidente Enrique Peña Nieto, el PAN no logró el nombramiento del fiscal anticorrupción y el PRD no pudo conseguir la reforma política del Distrito Federal.

En el caso de las iniciativas del Ejecutivo en materia de seguridad y justicia, ante las objeciones que formularon PAN y PRD, los coordinadores Barbosa; Emilio Gamboa, del PRI, y el panista Jorge Luis Preciado acordaron el pasado 15 de diciembre –antes del cierre abrupto del periodo, luego de que los blanquiazules rompieron el quórum– una ruta especial para dictaminarlas.

Se trata de un programa de trabajo sobre el modelo de federalismo en materia penal y de seguridad, que contempla las iniciativas de Peña Nieto, pero también otras propuestas que están ya en el Senado. Se plantea crear un nuevo modelo policial, analizar la minuta de ley reglamentaria de la Fiscalía General, así como la agenda de derechos humanos, en especial la desaparición forzada de personas y la ejecución extrajudicial, además de la intervención federal en casos de crisis de seguridad y por infiltración del crimen organizado. Asimismo, se legislará para blindar las instituciones políticas y los procesos electorales.

Insistirá el sol azteca en la reforma política del DF

Al respecto, la perredista Dolores Padierna comentó que a diferencia de la Cámara de Diputados, que aprobó sin cambios las iniciativas de reforma del Presidente, en el Senado las han analizado a fondo, ya que son incompletas, imprecisas y en muchos casos anticonstitucionales. Ejemplo de ello, dijo, es la que pretende dar al Ejecutivo federal la facultad de disolver ayuntamientos cuando sus autoridades estén vinculadas con el crimen organizado; se parte de la idea de que sólo los municipios tendrían nexos con el narcotráfico y se deja fuera a los estados.

Señaló que ese es también el caso de las iniciativas de Peña Nieto por las que se crea el sistema universal de pensiones y el seguro de desempleo, que no se han votado, ya que hay desacuerdo del PRD y parte del PAN a que este último seguro se financie con los fondos de vivienda de los trabajadores.

Por su parte, el senador Roberto Gil Zuarth (PAN) subrayó que su bancada insistirá en los nombramientos del fiscal anticorrupción y del titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), que no salieron en el pasado periodo de sesiones.

En tanto, Alejandro Encinas dijo que el PRD insistirá en la reforma política del Distrito Federal, que por segundo año se quedó a punto de aprobar, luego de que el PAN rompió el quórum en la última sesión del periodo. Aunque sabemos que el camino será largo, dijo, los integrantes de su bancada van a pugnar porque se logren los acuerdos y se apruebe en febrero.

Conjuntamente, PRD y PAN impulsarán, además, la ley de amnistía para autodefensas de Michoacán, también como parte central de su agenda.