esde la década de los años 80 entramos en una fase del capitalismo que aún padecemos: el neoliberalismo. Desde entonces pueblos enteros y bienes comunes naturales se han visto más amenazados por el avance de grandes trasnacionales que buscan apropiarse de inmensas extensiones de tierra, explotar los recursos naturales que allí se encuentran, y seguir desplazando a miles de campesinos que conservan formas de posesión ancestrales, o bajo la forma del ejido, que les permiten una mejor administración, identidad y articulación entre ellos. Esta maquinaria del despojo no se detiene; por el contrario, se incrementa y legaliza de una manera casi irreal. Hoy 26 por ciento del territorio nacional está concesionado a no más de mil empresas mineras que lo devastan de muchas maneras.

En esta época de lucro y privatización, sostenida por los capitales extranjeros y los gobiernos a su servicio, la lucha por conservar esos bienes, la propiedad social de las tierras y el fortalecimiento del tejido comunitario, son vitales para el buen vivir de todas las personas y pueblos, sean urbanos o rurales. Sé que es poco alentador que al inicio de 2015 tengamos que abordar en este artículo otro caso que muestra mucho de lo que seguiremos viendo en el país. Debo también decir que igualmente serán tiempos para reflexionar sobre cómo revertir este escenario desolador.

Esta situación de abuso se debe en gran parte a un Estado que no acaba de entender que a él, y a nadie más, le corresponde garantizar y proteger los derechos humanos de las personas que habitan o transitan por su jurisdicción. Sigue cautivado por el canto de las sirenas que le recitan al oído que el mercado y la total libertad para el capital generarán la salvación de la patria. Pareciera ingenuidad de su parte creerlo, sobre todo en medio de la profunda crisis de civilización que vivimos, pero le conviene hacerlo. Lo hemos repetido hasta al cansancio desde hace décadas. Y por ello hemos denunciado infinidad de veces como movimiento social, organizaciones defensoras de derechos humanos, o miembros de comunidades afectadas, cómo promueve que las empresas siempre ganen más y las comunidades siempre pierdan.

Con sus reformas estructurales, el año pasado nos dejó muy claro de qué lado está. Ahora habrá que construir, dialogar y facilitar los medios por los cuales podemos revertir estos tiempos del despojo, y juntos caminar hacia un nuevo país. Estas situaciones se reflejan, por ejemplo, en el caso de los ejidatarios de La Sierrita de Galeana, municipio de Tlahualilo, Durango, quienes se ven afectados por violaciones a sus derechos humanos por parte de la empresa Excellon Resources Inc. El proyecto minero La Platosa inició sus operaciones en 2004 y para 2007 los ejidatarios decidieron en una asamblea ejidal solicitar el apoyo de la organización Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC), para que los acompañara en la defensa de sus derechos humanos, en particular la tierra y el territorio, frente a la empresa minera canadiense.

Rápidamente se inició un proceso que hoy en México es recurrente: juicios legales acompañados de organización comunitaria para defenderse ante los abusos de las trasnacionales. Esto avanzó, a pesar de que la empresa, con engaños y constante hostigamiento, como sucede en muchos casos similares en el país, logró imponer su proyecto y la firma de contratos, abusando del desconocimiento que las comunidades tienen de sus derechos y de los términos a detalle de los mismos.

En el caso del ejido La Sierrita es evidente que la empresa ha incumplido con muchos de los acuerdos firmados en 2008. Sobresalen las cláusulas de carácter social, y la recurrencia a negarse a entablar un diálogo efectivo con los ejidatarios, para la revisión conjunta del contrato. Esta situación llevó a la comunidad a solicitar en 2012 la rescisión del contrato. Y por conducto de un comunicado emitido por los ejidatarios el pasado 14 de diciembre de 2014 (http://ow.ly/GGncx), sostienen con razón que mientras no se emita una resolución respecto del juicio de rescisión, las obligaciones y derechos contenidos en el contrato continúan vigentes.

Con ello buscan hacer valer su derecho a percibir el pago de la renta de sus tierras, que actualmente se encuentran ocupadas por la minera, ya que la empresa detuvo el pago, al ver el avance del juicio en su contra. Aclaran que el pago fue depositado por la empresa con antelación, sólo que ahora se niega a liberarlo en su beneficio, y subrayan que esto no representa en modo alguno un gasto extra para la empresa.

Esta aclaración la hacen en relación con el argumento que esgrime la empresa, de que, de pagar el monto que ha retenido a causa del inicio del juicio, tendría serias afectaciones para cubrir los sueldos de alrededor de mil trabajadores que actualmente laboran en La Platosa. Por si fuera poco, ahora pretende maliciosamente enfrentar a los trabajadores de la minera, así como a los habitantes de la comunidad de Bermejillo, que reciben beneficios por programas de responsabilidad social, contra los ejidatarios de La Sierrita.

Estamos frente a una administración de conflictos que pretende eximir de responsabilidad a una empresa, y trasladarla a los ejidatarios. Esta práctica ha sido documentada y denunciada por la organización ProDESC, a la que le han valido serias descalificaciones y amenazas por su trabajo de acompañamiento. En esta situación prima la omisión del Estado, pero ahora se hace imprescindible que las instituciones encargadas de resolver los juicios, y de brindar protección a las comunidades, hagan posible que éstas no pierdan sus derechos y vean resuelta la situación en su favor.

Por ahora es claro que las empresas efectivamente hacen uso de la mentira para confrontar a las comunidades, destruirlas y violentarlas. Estas comunidades de Durango deben ahora resistir a esta pretensión. Como bien dijeron los indígenas durante el Festival Mundial de las Resistencias: Donde los de arriba destruyen, los de abajo reconstruimos. Reconstruyamos, pues, juntos.