yer, después de 32 rondas de votación, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) eligió al ministro Luis María Aguilar Morales como su nuevo presidente –y, por ende, titular máximo de uno de los tres poderes de la Unión– en sustitución de Juan Silva Meza, quien presidió el máximo tribunal del país durante los pasados cuatro años. El relevo tuvo lugar en un contexto de clara división entre los 10 integrantes del pleno, como lo evidencia la maratónica sesión en la que tan difícil les resultó ponerse de acuerdo y, lo más preocupante, con el telón de fondo de la crisis de desprestigio que la SCJN comparte con el resto de las instituciones nacionales.

La erosión en la credibilidad y la confianza de la ciudadanía es un fenómeno que sin duda va más allá de las cúpulas del Poder Judicial –la propia SCJN y el Consejo de la Judicatura Federal, ambos presididos por la misma persona– y que tiene por origen el déficit de representatividad y legitimidad, la corrupción y la ineficacia que afectan al conjunto del poder público en todos sus niveles. Pero los responsables de dirigir el máximo tribunal del país lo han llevado en tiempos recientes a extravíos y aberraciones particulares que han agravado la mala imagen social de la institución.

Los más visibles de los vicios históricos que aquejan a la SCJN son su proverbial supeditación al Poder Ejecutivo federal y las condiciones de opulencia de beneficios económicos que los ministros se otorgan a sí mismos, y ninguna de esas desviaciones fue corregida en el periodo en el que Juan Silva Meza presidió el pleno del cuerpo.

Por lo que hace a lo primero, cabe recordar, como muestra, que a finales de octubre del año pasado los magistrados rechazaron por nueve votos contra uno, y en una sesión de 20 minutos, las solicitudes formuladas por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) para llevar a consulta popular la reforma energética aprobada a fines de 2013 por el Poder Legislativo, pese a que las solicitudes correspondientes estaban respaldadas, en conjunto, por las firmas de unos 5 millones de ciudadanos, y a pesar de la trascendencia del tema para el futuro del país. La negativa fue fundamentada con el argumento restrictivo y pueril de que ambas propuestas de consulta afectaban los ingresos y egresos del Estado, una implicación que puede aplicarse a prácticamente cualquier modificación del marco legal.

En cuanto a lo segundo, cabe recordar, a vía de ejemplo, que el año pasado los ministros de la SCJN se otorgaron a sí mismos remuneraciones mensuales brutas de más de 350 mil pesos –superiores en cerca de 75 por ciento al ingreso correspondiente asignado al titular del Ejecutivo federal– para quedar como los funcionarios mejor pagados en toda la administración pública. Ello, en el contexto de una economía en apuros y en un país que, según cifras del Banco Mudial, tiene a más de la mitad de sus habitantes por debajo de la línea de pobreza.

Lo anterior bastaría para aquilatar el tamaño de los principales desafíos que tiene ante sí el nuevo presidente del máximo tribunal del país: conducir a la Suprema Corte hacia una independencia real con respecto al Ejecutivo y fomentar entre sus pares un mínimo espíritu republicano, como primeros pasos para remontar, así sea parcialmente, el descrédito de la institución. Por añadidura, en los momentos actuales, cuando episodios como los de la mascre de Tlatlaya y la agresión contra estudiantes normalistas en Iguala han despertado la indignación social sin precedentes en la historia reciente del país y un generalizado escepticismo ante los mecanismos de procuración e impartición de la ley, urge un Poder Judicial realmente autónomo, fuerte y resuelto a desempeñar su función primordial. Cabe esperar, por el bien de la sociedad y de las instituciones, que el ministro Aguilar Morales esté a la altura de la tarea.