unto con el problema económico, los españoles soportan la enorme corrupción de funcionarios, políticos y empresarios ligados al poder. Uno de los frutos de lo anterior es la enorme desconfianza hacia las instituciones, muchas veces manejadas por personajes que se enriquecen a la sombra del servicio público. Por corruptos están sujetos a proceso o en la cárcel lo mismo banqueros y empresarios que ex ministros, ex gobernantes de las comunidades autónomas y miembros de los dos principales partidos políticos. En especial del que está en el poder. Toda una cauda de famosos que hasta doctorados honoris causa obtuvieron en sus tiempos de gloria.

Y dentro de esos casos, dos ocupan la atención ciudadana por sus semejanzas: el de la infanta Cristina, hija de los anteriores monarcas y hermana de quien hoy ostenta la corona española. Y el de la famosa tonadillera Isabel Pantoja. Ambas señalan a sus parejas como causantes de tener problemas con la justicia. En el caso de la infanta, su marido, Iñaki Urdangarin, aprovechó su matrimonio para hacer negocios mediante el Noos, instituto supuestamente sin fines de lucro y en cuya directiva también figuraba la infanta.

El que fuera yerno preferido del anterior monarca aprovechó su condición para obtener contratos millonarios con instituciones gubernamentales para actos y otros proyectos que nunca se celebraron. Con lo mal habido, el matrimonio adquirió y disfrutó lujoso palacete en Barcelona. La infanta igualmente cubrió diversos gastos personales. Nunca supe lo que hacía mi esposo, dijo en su defensa. Nadie le creyó y menos un juez probo, José Castro, quien resolvió procesarla por diversos delitos y obligarla a pagar cuantiosa suma por evadir al fisco. Primera vez que alguien perteneciente a una casa real europea es enjuicida.

Por su parte, la Pantoja deberá estar en prisión dos años, si es que antes no sale por buena conducta y carecer de antecedentes penales. Previamente la justicia la multó y obligó a devolver los millones de dinero sucio que llegó a sus manos. Era parte del botín que su pareja, Julián Muñoz, ex alcalde de la ciudad de Marbella, obtuvo de cobrar cuotas por autorizar licencias para construir urbanizaciones y realizar obra pública. Amasó así una enorme fortuna. Este caso y otros más recuerdan que en México no faltan los servidores públicos o sus familiares que también exigen su cuota a quienes hacen trabajos para el sector gubernamental. La popular cantante alegó en su defensa ante el juez que todo lo que hizo fue por estar ciegamente enamorada de Muñoz, el pillo que estará en la cárcel más años que ella. Sin presumir de adivino, puedo adelantar que la infanta Cristina no irá a prisión. Pero de lo que nunca se librará es de la condena ciudadana.